AP
Activistas acusaron a las fuerzas de seguridad venezolanas de violar los derechos humanos, al reprimir las manifestaciones callejeras que han dejado al menos 39 muertos en las últimas seis semanas en ese país.
Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, indicó que la lentitud del Gobierno en aprobar divisas para la compra de papel prensa ha provocado el cierre de diez diarios regionales, y otros han reducido considerablemente su cantidad de páginas.
[/doap_box]
Gremios periodísticos denunciaron también un deterioro significativo del derecho a la libertad de expresión, debido a la autocensura de las televisoras locales, que significó que no cubrieran las protestas opositoras, agresiones a periodistas, restricciones a la información en Internet y el riesgo de que diarios desaparezcan por la escasez de papel prensa.
Varias organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la elaboración de un informe sobre el derecho a la protesta pacífica y la democracia en la nación sudamericana. Los siete integrantes de la Comisión evaluarán la solicitud durante la próxima semana.
Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas, referente a los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero, dijo que numerosos detenidos en las protestas de las últimas semanas recibieron asesoría legal apenas minutos antes de comparecer ante un juez, lo que calificó como una “afectación importante al debido proceso”.
Ortega también denunció que en numerosos casos hubo un uso excesivo de la fuerza, amplia criminalización de los manifestantes, formulación de cargos criminales idénticos a personas que participaron en protestas diferentes, amenazas de muerte y abuso sexual.
Torturas y francotiradores
Además dijo haber documentado 54 casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que incluyeron dos muertes y 14 ataques a residencias por grupos de civiles armados.
Germán Saltrón, agente del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la cancillería venezolana, reconoció que 15 funcionarios policiales y militares son investigados por incurrir en presuntas violaciones a los derechos humanos, pero acusó a los manifestantes de perpetrar actos terroristas para “provocar un estado de ingobernabilidad que propicie un golpe de Estado o una intervención extranjera”.
El funcionario venezolano señaló que solamente el veinte por ciento de los 1,529 detenidos hasta el 14 de marzo son estudiantes y que las protestas han tenido lugar en 17 de los 335 municipios del país.
Las manifestaciones “no son pacíficas, no son solo de estudiantes, ni representan la mayoría”, agregó Saltrón, tras aseverar que las protestas han incluido el uso de mercenarios colombianos y de francotiradores que desde azoteas disparan a quienes intentan despejar las barricadas en las vías públicas.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
