María Corina Machado, una diputada amenazada con ir a prisión, y Leopoldo López, detenido desde febrero, son los rostros más visibles del ala radical opositora en Venezuela, a la que el gobierno acusa de promover la violencia en las manifestaciones y responde con una ofensiva judicial.
Recluido desde el 18 de febrero en la cárcel militar de Ramo Verde (afueras de Caracas), acusado de promover la violencia en las protestas que cumplen más de mes y medio, con un saldo de 34 muertos, López espera que la justicia dicte su encarcelamiento formal o su libertad.
«López se lanza por su cuenta en una iniciativa política que termina en (la prisión de) Ramo Verde y Machado también actúa por su cuenta», resumió a la AFP el analista político Ignacio Avalos, quien observa una oposición «dividida y desconcertada» ante la protesta callejera.
Las manifestaciones que sacuden Venezuela comenzaron el 4 de febrero en la ciudad de San Cristóbal (oeste, Andes venezolanos), donde unos estudiantes universitarios salieron a las calles a protestar contra los elevados índices de inseguridad personal.
En Caracas, irrumpieron el 12 de febrero, tras el llamamiento de López, que conforme a su carácter confrontativo, impulsó la denominada estrategia 'La salida', con el objetivo de forzar la renuncia de Maduro a golpe de protestas.
'La salida' evidenció las divergencias en la variopinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cuyo rostro más visible, el excandidato presidencial Henrique Capriles, gobernador de Miranda (centro-norte), rechaza salidas no constitucionales y maneja con cautela la estrategia de calle.
Para Mercedes Pulido, analista y catedrática de la Universidad Católica, López, dirigente del partido Voluntad Popular, asumió una posición «audaz» de cara a Capriles, quien en abril de 2013 perdió por una diferencia del 1,5% ante Maduro.
Aunque Capriles dio una batalla legal dentro y fuera de Venezuela para demostrar un supuesto fraude, parece haber pasado página. Tras la presidencial, «quedó una sensación de cuestionamiento por parte de López» hacia Capriles, añadió la analista.
Opositores en la mira
Economista de 42 años licenciado en Harvard, López fue alcalde del acomodado municipio caraqueño de Chacao (2000-2008), después de lo cual fue inhabilitado para ejercer cargos públicos, acusado de desvío de recursos, sanción que termina este año.
López fue secundado en 'La salida' por Machado, quien el miércoles regresó a Caracas tras una visita a Lima, donde se enteró de que la mayoría chavista en la Asamblea Nacional la destituyó de su escaño.
Ingeniera de 46 años, en 2010 llegó a la Asamblea Nacional tras conseguir una de las mayores votaciones y, en 2011, mostró su carácter decidido al increpar al grito de «¡Expropiar es robar!» al entonces presidente, Hugo Chávez (1999-2013).
«Tiene su propia visión de las cosas, apoyó 'La salida', pero dudo de que en el fondo esté con López. Es inteligente y tiene mucha fuerza personal, se ha ganado un liderazgo importante. Es víctima de una arbitrariedad legal», comentó Avalos.
Para destituirla, el presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, acusó a Machado de violar la Constitución al ejercer un cargo para un gobierno extranjero después de que Panamá la acreditase accidentalmente en su representación ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Caracas rompió relaciones con Panamá el pasado 6 de marzo, en rechazo a una propuesta de ese país para que se debatiese en la OEA el tema de los derechos humanos en Venezuela.
En la cárcel de Ramo Verde, también están recluidos los opositores Enzo Scarano y Daniel Ceballos, el primero destituido de la alcaldía de San Diego (Carabobo) y condenado a 10 meses de prisión y el segundo, también separado de su cargo de alcalde de San Cristóbal y con una pena de un año. El delito: inacción ante bloqueos callejeros y violencia en las protestas.
La ofensiva judicial contra ellos responde a una «estrategia de eliminar cualquier obstáculo que implique cuestionamientos. Nada de esto está sustentado en procesos», añadió por su lado Pulido.
Las protestas, que también reclaman por el alto coste de la vida y la escasez en este rico país petrolero, son cada vez más esporádicas o innovan en sus formas, coinciden los analistas.
Pero la denuncia fundamental, retocó Avalos, es la «miserable vida» de los venezolanos «ante la crisis económica y la inseguridad» y no las detenciones de opositores.
