Editorial: Elección sumaria de funcionario
La Asamblea Nacional inició el proceso de elección de los más de cincuenta cargos del Estado que hasta ahora son detentados por funcionarios de facto. Según se anunció oficialmente, esa elección tendrá la rapidez de juicio sumario y se realizará en una sola jornada, antes de la Semana Santa, que comienza el 13 de abril próximo.
Para cumplir esa obligación constitucional, que ha venido postergando desde antes de las elecciones de noviembre de 2006 que permitieron a Daniel Ortega recuperar el poder, la Asamblea Nacional creó una comisión que dictaminará las propuestas de candidatos a ocupar los cargos en las diferentes instituciones del Estado. Y por la composición de este comité de cinco diputados: tres del FSLN más otro que actúa como su colaborador necesario, y solo uno de la oposición, se puede deducir que más o menos así será la distribución de los cargos que elegirá la Asamblea Nacional, con la cual se pretende darle apariencia de legitimidad institucional al poder orteguista.
En realidad, con solo 24 diputados de los 91 que integran la Asamblea Nacional, pero sobre todo por el carácter antidemocrático del régimen orteguista, la bancada opositora no tiene ninguna posibilidad de influir en el nombramiento de tales funcionarios. Mucho menos que pueda cumplir su objetivo proclamado de transformar las instituciones del Estado, integrándolas con personas idóneas por su capacidad, profesionalismo e integridad moral. A lo más que puede aspirar el PLI es a ocupar algunos cargos testimoniales, en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría.
Daniel Ortega ha sometido a todos los poderes e instituciones del Estado, incluso a los gobiernos municipales y los regionales de la Costa Atlántica, que supuestamente son autónomos. Sin duda que ha sido exitosa para Ortega su estrategia de socavar la institucionalidad democrática del Estado y reemplazarla con una estructura de poder burocrático y dictatorial, manteniendo algunas apariencias democráticas.
Además, si Ortega no se enfrenta a una oposición fuerte y beligerante, como la venezolana, ni a una población democrática que se lanza a la calle y levanta barricadas para defender sus derechos y reclamar la restitución de la democracia y la libertad, ¿por qué, entonces, va a satisfacer la demanda opositora de reestructurar y depurar los poderes e instituciones del Estado para que vuelvan a ser realmente democráticos? En las condiciones actuales eso solo podría resultar de un acto milagroso, pero en política no ocurren milagros.
Los dirigentes del PLI deben estar conscientes de sus posibilidades y sus limitaciones, en la elección de magistrados judiciales y electorales y demás cargos superiores del Estado. Y también tienen que estar claros de que no deben confundir deseos con realidad, ni crear falsas expectativas a sus seguidores y a la población democrática del país. La decisión que debe tomar el PLI en este caso es sencilla: o aceptar los cargos que el orteguismo les quiera ceder, y aprovecharlos para reforzar su posición, o rechazarlos para no ayudar a Ortega a crear una falsa institucionalidad democrática de su dictadura. Y en todo caso tienen la obligación de hablar claro y de ser francos y honestos con sus bases y con los ciudadanos en general.
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