Lucía Navas
El control del negocio de la energía eléctrica de parte del gobierno de Daniel Ortega se extiende. Esta vez le tocó a las empresas de zona franca, a las que esta semana se les notificó la obligación de comprar el servicio de energía eléctrica a la distribuidora TSK-Melfosur. Esto violenta la Ley de la Industria Eléctrica, que permite a los grandes consumidores comprarle directamente a las generadoras.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se opone a esta decisión argumentando que elevará hasta en treinta por ciento la factura eléctrica de las empresas de zona franca.
Otra decisión impuesta por el Gobierno se da tras la desmantelación de la estructura del Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor).
La Presidencia de la República por medio de la nueva Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias Tóxicas prohibió o restringió el ingreso al país a 12 productos, uno de los cuales es para el control de la broca en el café.
Los productores advierten que esto afectará la preparación de las tierras para la próxima siembra.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A
