El actual gobierno de Nicaragua se debate entre la inestabilidad propia de los sistemas dictatoriales y los esfuerzos del presidente inconstitucional Daniel Ortega para afianzar su control sobre la sociedad. Este, igual que todos los dictadores está inmerso en una lucha contra el tiempo, ya que lo único seguro de estos sistemas de gobierno es que tarde o temprano llegan a su fin.
Lo anterior tiene sus bases en la invariable realidad de que la vida de las administraciones dictatoriales depende, en gran parte, de su capacidad de posicionarse en un nivel crítico, entre el autoritarismo y el totalitarismo. De ahí que los dictadores dependen de la cruda represión como medio de seguridad y sobrevivencia.
Todo esto está en los cálculos de Ortega y es por esa razón que lo vemos tan diligente en sus esfuerzos de establecer condiciones totalitarias, con el absoluto control del Ejército, la Policía, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y económicas, así como la movilización política.
Esta tarea de Ortega está siendo facilitada por la cooperación de otras naciones (incluyendo democracias) motivadas por sus ambiciosos cálculos y estrategias políticas y económicas, por la codicia de sectores domésticos que apuestan a la duración de esta dictadura y por individuos que solo piensan en enriquecimiento rápido. Todos de espaldas a sus responsabilidades sociales, desestimando el bienestar de futuras generaciones que eventualmente heredarán conflictos, caos y violencia. Como decía John F. Kennedy: “Aquellos que hacen imposible la revolución pacífica, hacen inevitable la revolución violenta”.
Las naciones y sectores mencionados son cómplices del dictador y cargan, en gran parte, la responsabilidad de la permanencia y capacidad de opresión de la dictadura. Los intereses egoístas de los sectores que se aproximan al dictador son justificados hipócritamente como un esfuerzo para encontrar la manera de apoyar el bienestar nacional. Hasta el más sencillo de los nicaragüenses sabe que final tienen todas las dictaduras en este país. De ahí que los que pretenden revalorizar nuestras condiciones a largo plazo, el liderazgo empresarial y el compromiso del sector privado con el desarrollo del país, solo están pretendiendo engañar a los demás. Todos sabemos hacia donde está encauzado el destino de la nación con Ortega en el poder.
Cuando esos que aspiran a intercambiar beneficios económicos por colaboración nos dicen que sus valores, voluntades, liderazgo, poder intelectual y económico contribuirían a resolver los problemas de pobreza, desigualdad de oportunidades, democratización del sistema, desarrollo económico, justicia social, etc. están siendo deshonestos, pues no hay manera que ellos puedan cambiar los objetivos del dictador, ni reorientar su empeño de esclavizar a la clase media y mantener un inflexible irrespeto por el Estado de Derecho. Las intenciones de carácter insidiosas de estos los impulsa a acercarse al régimen elogiando a la nueva clase económica y social de Nicaragua, adjudicándoles valores que no tienen, afirmando que son el resultado del progreso y esfuerzos superiores impulsados por Ortega.
En Nicaragua no existen balances que encontrar, ni objetivos por establecer, ni ideologías que considerar, ni modelos de desarrollo económico que plantear. Las respuestas, en su totalidad, provienen de una sola fuente: el capricho de Ortega. Este incluye en sus planes solamente a los que le son útiles y saben de sumisión.
El que en Nicaragua piensa a largo plazo —en términos de beneficio nacional— no puede pensar en diálogos, ni en encuentros, ni en cualquier forma de complicidad civil o empresarial con esta inestable e incuestionablemente finita dictadura. El autor es economista y escritor.
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