México/EFE
El Gobierno de México expresó su beneplácito por el acuerdo entre una coalición de grupos civiles de Estados Unidos y el estado de Carolina del Sur, que suspende diversas medidas de la ley antiinmigrante SB20, informó hoy la cancillería mexicana.
«El acuerdo suspende permanentemente los apartados que buscaban penalizar la interacción con personas indocumentadas y limita las acciones de control migratorio de autoridades locales», indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.
Hace un año, México respaldó las demandas de diversas organizaciones sociales y del Gobierno estadounidense ante un tribunal en Carolina del Sur para suspender las medidas que penalizaban a las personas que albergaran y transportaran a inmigrantes indocumentados, medidas establecidas en la ley SB20 de ese estado.
«México reconoce el acuerdo judicial que prohíbe la implementación de disposiciones de la ley SB20 de Carolina del Sur», indicó la SRE.
La cancillería mexicana precisó que entre las disposiciones que quedan sin efecto «destacan la penalización por alojar y transportar a personas indocumentadas, la obligatoriedad de portar prueba de registro migratorio».
Asimismo, señaló que se suspende la «criminalización por el uso de identificaciones falsas, y la detención o prolongación de una detención únicamente para inquirir sobre la condición migratoria de una persona».
La cancillería recordó que este acuerdo se suma a otro similar que las organizaciones de la sociedad civil alcanzaron con el estado de Alabama, en donde «se suspendieron definitivamente disposiciones que criminalizaban la migración y abrían espacios para la posible aplicación indebida de la ley».
Recordó que la ley SB20 fue promulgada en junio de 2011 y parcialmente suspendida por cortes federales en diciembre de ese mismo año.
Las organizaciones sociales y el Gobierno de Estados Unidos presentaron demandas contra dicha legislación.
Al menos dieciocho organizaciones civiles, entre ellas la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color (NAACP), solicitaron a los legisladores de Carolina del Sur oponerse a la propuesta porque «será muy costosa y estimula el perfil racial».
Por su parte, el Gobierno mexicano respaldó las acciones legales emprendidas contra la ley SB20 mediante escritos de «Amigo de la Corte», para lo cual contó con el apoyo de diversos países latinoamericanos, y reforzó su presencia consular en el estado.
Las autoridades mexicanas afirmaron que darán un seguimiento a la aplicación de este acuerdo en Carolina del Sur y reiteraron su compromiso con la protección de los mexicanos en el exterior, independientemente de su condición migratoria.
