El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró el jueves que no tiene poder para cesar las deportaciones en masa de inmigrantes ilegales y atribuyó la responsabilidad al Congreso.
«Estoy muy limitado en términos de lo que puedo hacer», dijo Obama durante una reunión con familiares de inmigrantes y activistas.
Obama reaccionó así a la decisión de un grupo de activistas por los derechos de los inmigrantes, que lo calificó como «Deportador en jefe».
El mandatario respondió que él es, en cambio, «el campeón en jefe de una amplia reforma migratoria», respecto al proyecto actualmente estancado en la Cámara de Representantes, dominada por la oposición del partido Republicano.
De acuerdo con Obama, «la razón por la que estas deportaciones ocurren es que el Congreso ha dicho: 'hay que aplicar la ley'. No puedo ignorar esas leyes más que cualquier otra ley».
El presidente dijo que ordenó a los agentes gubernamentales dar prioridad a la deportación de aquellos implicados en actividades ilegales y que ha usado el poder ejecutivo para proteger a jóvenes que están en situación ilegal, pero que nunca han conocido otro país más que Estados Unidos, los llamados 'dreamers'.
La mayor entidad representante de la comunidad latina en Estados Unidos, el Consejo Nacional de La Raza, prácticamente rompió esta semana con Obama a causa de las constantes y masivas deportaciones.
«Uno día de éstos, esta administración alcanzará la marca de los dos millones de deportaciones», dijo la directora de La Raza, Janet Murguía. «Es un número impresionante que supera los de cualquier predecesor (de Obama) y deja a su paso un rastro de devastación para familias en todo el país», añadió.
Pero esa cifra puede haberse superado en los cinco años de gobierno de Obama, según algunos activistas.
Obama sostuvo que, precisamente, la cuestión de las deportaciones es una de las razones por las que se torna tan importante aprobar una reforma de la legislación migratoria, materia ya votada en el Senado pero empantanada en la Cámara de Representantes (diputados).
El texto aprobado el año pasado en el Senado (donde el oficialista partido Demócrata tiene mayoría) ofrece un camino para la regularización de su situación para 11 millones de inmigrantes ilegales.
Ese proyecto incluso contempla la posibilidad para esas personas de conseguir la ciudadanía al fin de un período de 14 años.
También contempla un endurecimiento de la vigilancia fronteriza y una revisión de los procedimientos de otorgamiento de visados.
Sin embargo, los líderes de la Cámara de Representantes (controlada por el opositor partido Republicano) ya han adelantado que muy difícilmente esa cuestión será analizada en un año de elecciones legislativas.
