Ciudad de Guatemala/AFP
Miles de campesinos e indígenas guatemaltecos marcharon este jueves en la capital para pedir la nacionalización de la energía eléctrica y para que la Corte Constitucional (CC) derogue un acuerdo gubernativo para la extensión del servicio eléctrico que supuestamente viola el territorio de los pueblos autóctonos.
Los manifestantes llegaron a Ciudad de Guatemala desde varias regiones del interior del país y marcharon desde cuatro puntos distintos de la capital guatemalteca, declaró a los periodistas Otilia Castilla.
La marcha pacífica, que provocó problemas al tráfico, coincidió con una audiencia en la CC, la máxima instancia judicial del país, para conocer un recurso que busca derogar el acuerdo gubernativo que da vida al Proyecto Eléctrico Territorial (PET).
El PET tiene como objetivo expandir el servicio eléctrico a unos 75 municipios rurales que carecen del mismo. El amparo fue promovido por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Cnoc), entidad que considera que el acuerdo viola el derecho de propiedad de los pueblos indígenas, el derecho de consulta popular para megaproyectos y la autonomía municipal.
El abogado Ramón Cadenas, que representa a 29 comunidades y entidades campesinas, dijo que el Ejecutivo se excedió en sus funciones porque el facultado para emitir ese acuerdo era el Congreso.
Cadenas, de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, comentó a periodistas que las comunidades «no se oponen al desarrollo sino al modelo que se les quiere imponer» para tener acceso a la energía. Aseguró que en el PET se incluye una cláusula que obliga a los propietarios a ceder tierras para la construcción de torres por donde debe pasar el tendido de la transmisión eléctrica.
El presidente de la estatal Comisión Nacional de Energía Eléctrica, José Herrera, afirmó que el acuerdo «no viola la Constitución porque no se está otorgando ninguna concesión» sino «la construcción del tendido de transmisión».
Desde 2010, la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica S.A., subsidiaria de la colombiana Energía de Bogotá (EEB), desarrolla el PET con una inversión de 374 millones de dólares.
