Luis Eduardo Martínez M.
Varios abogados han sido obligados a renunciar como asesores legales de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), luego que en esa empresa fuera detectado el desfalco de un poco más de 1.7 millones de córdobas, que debían ser pagados como indemnizaciones a dueños de tierras en el norte del país.
De igual manera se intentó contactarlo a través de la oficina de Relaciones Públicas de la empresa, pero tampoco respondieron las llamadas telefónicas.
También se buscó a algunas de las personas involucradas en sus direcciones domiciliares, pero no había nadie en las viviendas en el momento.
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Los cheques para indemnizar a por lo menos 64 dueños de propiedades en Estelí y Nueva Segovia, presuntamente fueron cambiados por la joven funcionaria Joseline América Rodríguez Jiménez, quien está detenida y enfrenta un proceso judicial en el Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua por el delito de peculado en perjuicio de Enatrel.
Rodríguez cumple con la medida cautelar de prisión preventiva dictada en la audiencia preliminar por el titular de ese juzgado, Jancarlo Fernández, quien además de admitir la acusación, ordenó la tramitación compleja del proceso, una figura jurídica que duplica los plazos procesales.
La acusada trabajaba en el área de servidumbres, adscrita a la Gerencia de Ingeniería y Proyectos de Enatrel y era la encargada de pagar las indemnizaciones a los dueños de las propiedades donde esa empresa colocó líneas de transmisión eléctrica.
Bajo condición de anonimato, un conocedor del caso explicó que los dueños de las propiedades debían firmar el recibo de los cheques en los protocolos de varios abogados de Enatrel, pero Rodríguez presuntamente falsificó las firmas de los “indemnizados” para cambiar ella misma los títulos, valores cuyos montos suman 1,722,000 córdobas.
Las anomalías fueron detectadas el 6 de febrero reciente, aunque presuntamente vienen ocurriendo desde mayo del año pasado y, según la fuente, “es extraño” el actuar del área de contabilidad de Enatrel, porque mensualmente esa dependencia debe realizar conciliaciones bancarias que les hubiese permitido detectar quién cambiaba los cheques.
La acusación de la Fiscalía contra Rodríguez menciona que con el dinero de las indemnizaciones no pagadas a los dueños de las tierras, la exfuncionaria se habría comprado dos carros. A raíz de este caso, Enatrel habría “solicitado” la renuncia de los abogados Tania Carolina Mendoza Durán, Jorge Román, Seydi López, Martín Pomares y Julisa González.
También se menciona el despido de los abogados identificados como Arlen Rodríguez, Boanerges Cáceres y Róger, de este último se desconoce apellido. Además se señala el despido del auditor general Mario Morales.
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