Elízabeth Romero
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que entre los principales abusos de derechos humanos en Nicaragua, están las “políticas altamente sesgadas dirigidas a promover la supremacía de un partido único” y la corrupción generalizada.
Lo anterior lo establece en el informe anual 2013 en la parte que corresponde a Nicaragua. En el mismo, Estado Unidos señala a la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otras instituciones gubernamentales en las que estima persiste la corrupción.
La diputada María Eugenia Sequeira, segunda vicepresidenta de la junta directiva de la Asamblea Nacional, señala que no es un secreto lo que se ha hecho con la cooperación venezolana y la poca apertura que hay para la oposición cuando quiere manifestarse y eso violenta los derechos humanos.
Sequeira agregó que el ejecutivo mantiene un control absoluto sobre los demás poderes del Estado, lo cual lo convierte en un “ejecutivo autoritario”, y a partir de la reciente reforma constitucional ese control se volvió absoluto, ya que adquirió mayor poder sobre el Ejército y la Policía.
Gloria Picón
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Una nota de prensa de la Embajada de Estados Unidos, en Managua, indica que este es parte del informe de país que dirigió el secretario de Estado de los Estados Unidos al Congreso, sobre las prácticas en materia de Derechos Humanos del 2013 en el mundo.
En el informe resalta también casos de violación a los derechos humanos, como la violencia social, particularmente contra las mujeres y las personas de diferente orientación sexual.
DEBILITAMIENTO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El Departamento de Estado también resalta la preocupación por el debilitamiento de la libertad de expresión y de prensa que incluyó campañas de intimidación gubernamental, acoso a periodistas y medios de comunicación independientes. Sin embargo, en el mismo informe, Estados Unidos también reconoce que el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega, presentó avances a lo largo del año en la lucha contra la trata de personas, e incrementó el número de mujeres en cargos de dirección política.
CASO DE AMINTA GRANERA Y LA POLICÍA
En una traducción no oficial, el informe resalta que, según denuncias de organizaciones no gubernamentales, Ortega desde su cargo de comandante en jefe de la Policía ha politizado esa institución, lo que ha llevado a muchos a cuestionar su profesionalismo.
Pone de ejemplo, la extensión de la permanencia en el cargo como jefa de la Policía a la primera comisionada Aminta Granera, a través de un decreto ejecutivo que violó el periodo establecido. Así como los constantes señalamientos de trato preferencial a seguidores del partido oficialista.
El informe del Departamento de Estado dice, además, que en varios casos, los elementos de las fuerzas de seguridad cometieron abusos contra los derechos humanos o actuaron de forma independiente del control gubernamental. Entre los abusos adicionales significativos menciona el abuso policial durante el arresto a sospechosos, detención preventiva arbitraria y prolongada así como duras condiciones de reclusión.
IMPUNIDAD
Al tiempo que refiere que la impunidad siguió siendo un problema generalizado, pero el Gobierno rara vez adoptó medidas para enjuiciar a los funcionarios que cometieron abusos, ya sea en los servicios de seguridad o en otras áreas del Gobierno.
El informe señala que en 2012, la oficina de Asuntos Internos de la Policía registró 2,549 denuncias, investigó 1,922 casos de supuesto abuso de autoridad o incumplimiento del deber, y despidió a 39 oficiales por mala conducta policial.
LA PRENSA consultó al jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionado mayor Fernando Borge, pero se excusó de referirse al tema, bajo el alegato que no conoce más que las informaciones preliminares que se publicaron este jueves al respecto. “No tengo ahorita mayores elementos”, dijo.
Mientras el director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense ProDerechos Humanos (ANPDH), Roberto Petray, una de las tres organizaciones cuyos reportes recoge el informe, manifestó que el mismo coincide con las denuncias que esa organización ha efectuado. Petray confió que en el informe 2013 de ese organismo también denunciaron la corrupción institucional y la partidarización de la Policía.
