Tania Sirias
Cuatro años han transcurrido desde las últimas elecciones regionales, sin embargo, las críticas al Consejo Supremo Electoral (CSE) ante el temor de fraude siguen vigentes por los partidos contendientes. Desde ahora señalan parcialización por el gobernante Frente Sandinista y la posibilidad de doble voto por militares y policías, así como ocurrió en los comicios de 2010.
Una de las consecuencias más graves de esos problemas fue la baja participación ciudadana en la última elección regional, celebrada en 2010.
Según datos del Instituto para el Desarrollo y Democracia (Ipade), del cálculo basados en el 87 por ciento de los votos escrutados por el CSE en 2010, hubo una abstención del 60.1 por ciento, ya que de 252,175 ciudadanos inscritos en los padrones electorales de ambas regiones, 151,589 no ejercieron su derecho al sufragio.
El Ipade también brindó los índices de participación ciudadana desde las elecciones de 1994, donde la abstención fue del 26 por ciento.
En 1998 el 51 por ciento de la población del Caribe no acudió a las urnas y en 2002 no votó el 61.9 por ciento de la población. En las elecciones de 2006, el 55.1 por ciento tampoco tuvo interés por elegir a sus autoridades autonómicas.
PADRÓN Y JRV NO CORRESPONDÍAN
Otra de las irregularidades señaladas por el Ipade en las elecciones de 2010, fue que el padrón electoral colocado en las afueras de cada centro de votación no correspondía con los que estaban en las Juntas Receptoras de Votación (JRV), lo que provocó que cientos de ciudadanos fuesen enviados a votar en otras JRV, dándose así el famoso “ratón loco”.
En estas últimas semanas el Partido Liberal Independiente (PLI) y el partido indígena Yatama han denunciado que funcionarios del poder electoral supuestamente están moviendo a los electores de una circunscripción a otra, con el fin de garantizar más votos a favor del Frente Sandinista y en otros casos para reducir la participación de la oposición, ya que algunos pobladores tendrían que caminar hasta tres horas para poder ejercer el sufragio.
HUBO DOBLE VOTO
En 2010, la Fundación Forjando el Futuro Nicaragüense (Forfunic) realizó observación en el Caribe y denunció la realización de doble voto cometido por militares y policías, algo que fue minimizado en ese entonces, por el presidente magistrado de facto, Roberto Rivas, al decir que ellos “tienen derecho a votar”.
Para estas elecciones regionales se tiene previsto que más de 5,000 efectivos entre policías y militares garanticen la seguridad en los comicios, pero a la vez, existe el temor en la población y los partidos de oposición que los uniformados realicen doble voto a favor del FSLN.
La ley establece que los únicos militares o policías que pueden votar son aquellos que tengan al menos dos años viviendo en la región.
La mala calidad de la tinta indeleble fue otra de las denuncias hechas por los partidos políticos en las últimas elecciones regionales, ya que esto propiciaba para que se cometiera doble voto.
Los partidos opositores además denunciaron el retiro de sus fiscales a la hora del conteo de las actas.
Tampoco se entregó las copias digitales de las actas de escrutinio y en muchas zonas de la costa Caribe hubo cortes de energía, por lo que aumentó la desconfianza ante los resultados emitidos por el poder electoral.
Los partidos también refirieron que los primeros miembros de la JRV que pertenecían al Frente Sandinista no firmaban las hojas de escrutinio y estas eran anuladas cuando los opositores iban ganando.
UE: “FALTA DE OBSERVACIÓN”
El embajador de la Comisión Europea (CE) para Centroamérica y Panamá en aquel entonces, Mendel Goldstein, dijo luego de los comicios de 2010 que “la ausencia de observación nacional creíble masiva nos pone en un factor que limitó la equidad, la transparencia de esta elección”.
Estas elecciones de 2014 solo serán observadas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos (Cedheca), y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (Uraccan), organismos ligados al Gobierno y algunos dirigidos por funcionarios estatales.
El informe de la UE en 2010 dejó claro que no hubo ninguna justificación del por qué observadores electorales independientes no fueron acreditados, especialmente el Ipade y Ética y Transparencia.
El CSE descalificó a estos organismos, acusándolos de estar sesgados políticamente, sin embargo, Ética y Transparencia fue el primer organismo de observación que en el 2006 respaldó los resultados de la elección que ganó Daniel Ortega.
El informe presentado por la Unión Europea también se refirió al bajo nivel de votación, donde ellos informan de una votación de a penas el 36.7 por ciento, de 290,854 votantes registrados en el padrón electoral.
El FSLN fue acusado de manipular a los partidos pequeños para ganar el control de los segundos miembros de JRV. También de manipular el registro de votantes para que votaran militares no residentes en el Caribe.
En algunas circunscripciones hubo problemas con el sistema electrónico de trasmisión de resultados, por lo que el CSE tomó la decisión de solicitar 19 hojas de resultados para que fueran enviadas directamente a la capital. Esta situación creó desconfianza entre los partidos opositores alegando que la decisión no fue transparente.
Uno de los partidos que más recursos de apelación introdujo ante el CSE fue el PLC, ya que a pesar de obtener más votos en la región autónoma del Sur, se le restó cuatro consejeros a través de hojas de impugnación y de la revisión aritmética que hizo el poder electoral.
La Unión Europea también observó la politización del poder electoral y la parcialidad a favor del gobernante Frente Sandinista por parte de los magistrados de facto. Hecho que aún se mantiene para estas próximas elecciones, donde los partidos desde ya anuncian un nuevo fraude que le dará la mayoría calificada y tener el control de los Consejos Regionales del Caribe Norte y Sur.
[imported_image_600x400_1392771299_ConsejosRegionales24]
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
