Joaquín Roy
¿Qué ha provocado que apenas en un par de décadas, de un 15 por ciento de expresarse declaradamente como independentistas se haya pasado a rebasar de largo el 50 por ciento que votarían por la secesión en un referendo, y un tercio más de indecisos? Simplemente, ha sucedido que una parte notable de la ciudadanía catalana, de diversos estratos, ha perdido la paciencia. Se ha intentado todo para negociar con el Gobierno central. Ahora se siente desilusión.
Constitucionalmente Catalunya se ha comportado lealmente desde la transición que consolidó la democracia al final de los setenta. Las fuerzas políticas catalanas cumplieron con su parte del guión para redactar y aprobar la Constitución de 1978 y el razonable Estatuto de Autonomía de 1979. Tanto los conservadores como los nacionalistas moderados de la coalición formada por los liberales de Convergencia (el partido forjado por Jordi Pujol) y los democristianos de Unión (ensamblados en CiU), excomunistas (PSUC-ICV) y explícitamente independentistas de Esquerra Republicana (ER), además de los socialistas del Partit dels Socialistes Catalans (PSC), hicieron bien las tareas.
Todos se mostraron como modelo de convivencia que contribuyó a evitar que las demandas que habían presentado fueran envenenadas de violencia, y mucho menos de muestras de terrorismo, como desgraciadamente había sucedido en el país vasco. Los políticos catalanes y las fuerzas sociales parecían cumplir con el tradicional pactismo que les caracteriza, parte de los mitos esenciales. Se trataba de conseguir aproximadamente el 50 por ciento de las reclamaciones, en lugar de presionar por una utópica recompensa en un todo o nada que nada resolvería. Esta estrategia ha fracasado.
Aunque las reivindicaciones de carácter fiscal (una mejora en el reparto y las contribuciones del Estado) siguieron siendo parte fundamental del persistente problema, se fue posicionando el sentimiento creciente del no reconocimiento de lo que se llama el “hecho diferencial”. La posibilidad de la doble lealtad “nacional” (hacia España y Catalunya) y mucho menos la exclusiva reverencia a una esencia catalana, en desmedro de la española, se rechazaba de pleno. Este obstáculo proviene de lo que se llamó la solución del “café para todos”, como es tradicional al final de una cena.
Ante la reclamación de una autonomía para las “regiones” históricas (definidas ambiguamente en el texto como “nacionalidades”), se creyó en los momentos álgidos de la transición de la dictadura a la democracia que el problema se resolvería con la concesión de diecisiete autonomías, una subdivisión de apariencia cuasi federal (sin serlo en estricto sentido), sin consideración alguna por las diferencias. Catalunya y el país vasco se sintieron oficialmente aludidos de forma explícita, ya que por su historia y tradición jurídica (ya habían disfrutado de privilegios autonómicos en el pasado) se merecían un trato especial.
Pasaron los años y el “estado de las autonomías” sobrevivió. Pero en Catalunya la solución apareció no conmensurable con los anhelos de una mayor libertad de acción, pero siempre dentro del sistema constitucional. Cuando los electores catalanes, impecablemente mediante votaciones en su Parlamento, con el refrendo del Congreso español, pactaron un texto de un estatuto renovado en 2006, el Partido Popular irresponsablemente le endosó el problema al Tribunal Constitucional. Este máximo ente que dictamina sobre la bondad de las leyes fundamentales, al examinar diversos aspectos de contenido potencialmente polémico, se cebó en la emblemática palabra “nación”. Se consideró que los catalanes no tenían el derecho a considerarse, libre y democráticamente, “nación”.
La protesta que estalló en el verano de Barcelona en 2010 fue impresionante. Insólitamente, se comprobaba que el tejido social de los demandantes había comenzado a capturar sectores políticos, sociales y económicos que no se consideraban hasta entonces proclives al activismo contra el orden establecido. El centrismo de coaliciones como CiU (en el poder autonómico desde la transición) se situó en un terreno común con la izquierda que había capturado el poder en los años del llamado “tripartido” (formado por socialistas del PSC, republicanos independentistas de ER, y los sucesores de los partidos marxistas).
La arrogante reacción del sistema liderado por el Partido Popular fue ignorar el ruido de la calle. El resultado fue el aumento del potencial voto independentista y acrecentar todavía más el grado de las demandas, más allá del prudente autonomismo, tanto en el terreno económico y sobre todo en el político. El autor es catedrático ‘Jean Monnet’ y director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami.
