José Adán Aguerri
El Artículo No. 82 de la Constitución establece que “los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren en especial un Salario igual por trabajo igual en idénticas condiciones”.
Con esta norma constitucional se reconoce el derecho al trabajo, pero además, se establece que es necesario que a los trabajadores se les otorguen condiciones que les permita a través del salario “asegurar un bienestar compatible con la dignidad humana”.
A través de la Ley del Salario Mínimo se ha pretendido cumplir con este mandato, enunciando medidas que permitirían que el trabajador pueda asegurar su bienestar, y este sea compatible con la dignidad humana. Sin embargo, la aprobación o implementación de una ley no es una fórmula mágica para asegurar que se alcance el objetivo deseado.
Es por ello que para fijar el salario mínimo es necesario incorporar inexcusablemente variantes como el empleo formal, la productividad y la competitividad, además de la inflación y el crecimiento económico que son elementos que se usan para garantizar la recuperación de la capacidad adquisitiva de los trabajadores formales.
En este sentido, el sector empresarial ha sido consecuente en el esfuerzo para asegurar, no solo por la vía del salario mínimo, un mejor bienestar para nuestros trabajadores. Ejemplo de esto han sido los acuerdos alcanzados para ampliar el techo exento de la renta de los trabajadores hasta cien mil córdobas en la Ley de Concertación Tributaria y el no aumento en la cotización de los trabajadores en la reciente Reforma al INSS.
A esto debemos sumar que desde el año 2007 el salario mínimo se ha aumentado el doble del incremento de la canasta básica para los trabajadores en la formalidad.
Esto lo hemos hecho sin perder de vista nuestra prioridad que ha sido proteger el empleo formal que existe y generar nuevo empleo formal. Lo anterior ha permitido que hoy contamos con aproximadamente 400 mil trabajadores (hay más de 650 mil inscritos en el INSS) con sus familias gozando de ingresos y beneficios sociales indispensables para su sustento y desarrollo humano durante todo el año.
Sin embargo, no podemos ignorar que nuestra economía es todavía pequeña, y que seguimos dependiendo principalmente de la inversión extranjera, y por tanto, debemos fijarnos metas que garanticen que la misma fluya en los mismos o mayores niveles de años anteriores, a fin de que se puedan desarrollar proyectos empresariales que promuevan el crecimiento económico y el empleo.
Pero también debemos paralelamente proteger a nuestras Pymes.
Es por ello que nuestro planteamiento ha sido que es necesario que se tome conciencia que si la fijación salarial continúa basándose en la suma del crecimiento y la inflación solo provocará desempleo y más informalidad.
Si los aumentos se basan en decisiones o leyes que no obedecen la estructura productiva real el resultado serán precios irreales en el mercado arriesgando la sobrevivencia de las empresas formales. Sin obviar, que las empresas más afectadas serán las pequeñas ya que estas se volverán menos competitivas.
De allí nuestro rechazo a la acción irresponsable ocurrida en la Comisión de Salario Mínimo, en donde los sindicatos y el Ministerio del Trabajo han pretendido anunciar como un acuerdo salarial tripartito la firma de un incremento del 10 por ciento para las Pymes. Esto sin tomar en cuenta la posición de la organización más representativa del sector como es Conimipyme.
Por querer presionar la posición de Cosep de que el incremento debe ser más de un dígito, están poniendo en riesgo a las pocas empresas Pymes formales que existen y al empleo que generan.
Nuestra responsabilidad es buscar un tripartismo que beneficie a todos los trabajadores.
Debemos entender que los tiempos han cambiado y que las posiciones de lucha de los sindicatos de los años ochenta ya no caben ante los retos actuales. Debemos entender que el salario mínimo no es de discursos populistas sino de realidades económicas. El autor es presidente del Cosep
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