Leonor Álvarez
Veintisiete años no maduraron una Ley de Autonomía que guarda el más noble deseo de un pueblo de no olvidar su origen, aunque por ello sea marginado y menospreciado por una sociedad mestiza cada vez más uniforme, mientras el sistema político nacional se impone sobre sus costumbres.
La Ley de Autonomía (Ley 28) se desarrolló en un contexto de pacificación de la costa Caribe y del país en general, que en ese entonces vivía tiempos de guerra. Sin embargo, los fundamentos que motivaron su creación están intactos en la memoria de quienes recuerdan su aprobación en 1987.
GOBIERNO NO TIENE VOLUNTAD
El informe Autonomía regional en Nicaragua, una aproximación descriptiva, realizado por Jochen Mattern, registra que los costeños valoran el proceso de autonomía como positivo, que implica nuevas oportunidades para la zona y que da el poder de toma decisiones que ayudan a la dinámica de la Costa, sin embargo, al mismo tiempo constatan que el Gobierno central ha tenido poca voluntad para apoyar el proceso de institucionalización y consolidación de la autonomía regional, y así hacer visibles las ventajas implícitas que conllevan un régimen autónomo.
Y si del espíritu de la ley se trata, “la autonomía significa para los pueblos indígenas y afrodescendientes el ejercicio efectivo al derecho a la libre determinación mediante sus propios sistemas de autogobierno, basado en sus usos, costumbres y tradiciones”, según plantea el Análisis del estado de la autonomía regional realizado por Joel Dixon, exviceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Indígenas y Afrodescendientes, de origen mayangna.
El análisis establece que esta ley es un modelo de carácter político-administrativo, centralista y dependiente del sistema estatal heredado de occidente, que invisibiliza y no permite el protagonismo de los sujetos históricos que la han demandado, sino que favorece a los migrantes del Pacífico y a la sociedad dominante.
En ese sentido el análisis señala que la “agresiva” migración desde el Pacífico hacia el Caribe —que ocupan ilegalmente tierras comunales, con consecuencias desvastadoras al medioambiente y a la cultura de estos pueblos— ha configurado una mayoría poblacional mestiza, que se vincula a la forma actual de elegir autoridades regionales, que permite solo a los partidos políticos controlar los procesos de elección de autoridades regionales autonómicas y en consecuencia de las instituciones del Gobierno.
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SOCIEDAD DEL MESTIZO
Sin embargo, para entender por qué estos fundamentos de la Ley 28 no se ponen en práctica, hay que remitirse a 1821, cuando se promulgó la primera Constitución Política de Nicaragua. Fue en ese momento cuando comenzó a desarrollarse un Estado desde la lógica del mestizaje, desconociendo la existencia de los pueblos originarios, asegura Dixon, quien además considera que la sociedad de Nicaragua se ha venido desarrollando desde una perspectiva homogénea. “Un Estado construido desde el mestizo”, afirma.
Con la reincorporación de la Mosquitia a la geografía de Nicaragua en 1894 —bajo el gobierno de José Santos Zelaya— se pensó que la costa Caribe iba a formar parte del Estado nicaragüense reconociéndole sus formas de hacer política de acuerdo con sus usos y costumbres, sin embargo, lo que se hizo fue incorporar la extensión territorial al resto del país, pero no las instituciones ni su participación.
Aunque los Consejos Regionales Autónomos, Norte y Sur, surgieron como resultado de la Ley de Autonomía, sin embargo, los sistemas de gobierno y elección de autoridades se establecieron vía partidaria. “Quienes votan son los pueblos indígenas, pero los candidatos son impuestos por los partidos políticos”, manifiesta Dixon.
También asevera que la ley se pensó políticamente, por eso se impuso todo un proceso de colonizar la costa Caribe, es decir, mandar mestizos para aumentar los electores de los partidos políticos nacionales.
En la misma línea el diputado Brooklin Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, “Hijos de la Madre Tierra” en español) afirma que la autonomía nunca existirá verdaderamente mientras el Gobierno central sea el que controle y ordene desde la capital lo que se debe hacer en la costa Caribe.
AUTONOMÍA DE NOMBRE
Rivera afirma que la autonomía en el Caribe de Nicaragua solo existe de nombre, porque quien gobierna el territorio es el partido de turno en el poder, no los pobladores originarios.
El dirigente indígena afirma que las instituciones en la Costa nunca han funcionado como autónomas y en ese sentido recuerda que anteriormente con el PLC en el poder, Arnoldo Alemán (1997-2002), era quien ordenaba desde Managua al gobernador y ahora quien manda es el secretario político del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“La autonomía está secuestrada de parte de los partidos políticos nacionales”, expresa Rivera, quien actualmente es diputado y aliado del FSLN.
Aún así, Rivera se atreve a decir que el colonialismo que inició con la invasión hace más de 500 años hoy continúa de forma política y económica. “Hoy a pesar de tantos siglos que han pasado seguimos sufriendo el colonialismo”, manifiesta el diputado.
TODO ES CUESTIÓN DE TIEMPO
Por otra parte, también existen personas que consideran que la autonomía es un proceso aún no madurado y que por eso tiene debilidades que se superarán con el tiempo. Margarita Antonio, periodista, gestora cultural y quien participó en el proceso de consulta de la Ley de Autonomía, es una de ellas y cree que la autonomía ha sido un proceso exitoso para Nicaragua. También considera que hay que dejar de ver la autonomía como algo exclusivo de los costeños y pensar que es parte de todo el país.
Para ella la ley aprobada en 1987 es un reconocimiento a los derechos especiales para los pobladores de la costa Caribe: comunidades indígenas, comunidades étnicas, afrodescendientes, miskitos, creoles, entre otras.
Antonio destaca como positivo que la ley ha permitido hacer notar a los pueblos indígenas con sus costumbres diferentes, pero que forman parte del conjunto nacional.
