MARTHA VÁSQUEZ
Marvin Castro Maradiaga, de 34 años, es privado de libertad. Tiene 24 meses de estar en la galería cinco del Sistema Penitenciario Nacional conocido como La Modelo, ubicado en Tipitapa.
Castro sufre de ceguera por desprendimiento de retina de ambos ojos, producto del reumatismo que también le aqueja. El pasado 24 de enero pasó consulta en el hospital oftalmológico, donde fue llevado de emergencia con fiebre y ya no podía incorporarse por sí mismo.A la fecha, su esposa Leyla Hurtado no ha podido introducir el medicamento que le recetaron porque hay orientaciones del alcaide del sistema de no dejar entrar medicamento, denunció ella.
“Mi marido se queja mucho de dolor, necesita de sus compañeros para poder hacer sus necesidades, porque está ciego y no he podido entregarle el medicamento. Le niegan el derecho a la salud”, dijo Hurtado. Castro duerme en una hamaca dentro del baño de una celda que comparte con 13 internos más. La capacidad de una celda es de seis personas, pero la sobrepoblación penal ha obligado duplicar su capacidad.
EN TODA CENTROAMÉRICA
Esta situación es generalizada en los ocho penales de Nicaragua, cuya capacidad está duplicada.
El fenómeno no es ajeno a los demás países centroamericanos, afirma Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), quien el año pasado realizó un estudio de las cárceles en Latinoamérica.
“Todos los sistemas penitenciarios de los países de América Latina están sobrepoblados, tienen una densidad de 120 por ciento más”, dice Carranza.
Esta situación de hacinamiento en las cárceles conlleva a una violación continua de derechos humanos dentro de los sistemas de justicia, cuya función principal es, paradójicamente, reformar.
[/doap_box]
“La sobrepoblación penitenciaria, además de ser en sí misma una forma de prisión cruel, inhumana y degradante como lo establece la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, genera otro tipo de violencias y degradaciones al interior de los presidios”, afirma Carranza en su estudio titulado Las cárceles en América Latina y el Caribe ¿Qué hacer? ¿Qué no hay que hacer?Por ejemplo, en Nicaragua, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) el año pasado recibió 30 denuncias por detención ilegal y otras más por maltrato, insalubridad, denegación de acceso a la salud, entre otros señalamientos de parte de familiares de reclusos, afirmó Pablo Cuevas, asesor jurídico de esta organización.
Un caso reciente es el de Rodolfo Horacio Medrano Espinoza, un privado de libertad que llegó en estado de shock al Hospital Alemán Nicaragüense y tuvieron que revivirlo con choques eléctricos, según denunció Elba Medrano, hermana del reo.
Este interno tiene orden de libertad desde junio del 2012, por múltiples enfermedades que sufre, según valoración de una junta médica de Medicina Legal e internistas del Ministerio de Salud.
La orden fue extendida por el juez Séptimo Distrito Penal de Juicio, Octavio Rothschuh, y confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por recomendación de los médicos, quienes concluyeron que no podía estar bajo régimen carcelario por problemas en válvulas del corazón, diabetes, insuficiencia renal crónica, entre otras.
Sin embargo, el alcaide del Sistema Penitenciario, Walter Mena, y el que entró recientemente, Evenor Centeno, no han querido cumplir la orden de libertad asegurando que “los jueces no mandan en el sistema solo en sus juzgados” , según la hermana del privado de libertad.La detención ilegal de Medrano persiste hasta esta publicación.
Según los familiares, aunque se ha recuperado un poco de salud, aún permanece preso.
LA PRENSA buscó la versión de funcionarios del Sistema Penitenciario, quienes nos remitieron al Ministerio de Gobernación. Le escribimos un correo a Carlos Nájar, viceministro de esa institución, pero no ha contestado nuestra correspondencia.
CÁRCEL IGUAL A MUERTE
En el 2013 y en enero de este año los privados de libertad han realizado protestas para que mejore el trato y las condiciones carcelarias, pero no han tenido eco en las autoridades.
En el Sistema Penitenciario de Chontales hubo huelga de hambre y como respuestas fueron trasladados los reos involucrados al penal de Managua, donde hasta la semana pasada permanecían aislados.
“Salimos desde las 3:00 de la mañana de Juigalpa para traerles comida y ropa, porque los trasladaron sin nada, y no nos dejaron entrar. Es una injusticia lo que hacen”, dijo Josefa Mena, familiar del interno José Luna, mientras esperaba con sus maletas de comida y ropa en sala de espera de La Modelo.
María Alemán viajó desde Río San Juan y también se queja que no la dejaron entrar a ver a su marido, quien también fue trasladado de la cárcel de Chontales. “Uno pregunta y no le dan razón chiquita ni grande a uno”, se quejó Alemán.
Para el penalista investigador Elías Carranza, ser condenado a prisión en las actuales condiciones carcelarias, en “la mayoría de los casos es ser condenado a una pena de muerte aleatoria, quizá lo maten”.
Ante esta situación, la semana pasada, la CPDH, único organismo autorizado por Gobernación para visitar los penales, inició un recorrido por los sistemas penitenciarios del país, para entrevistarse con los reos cuyos familiares interpusieron denuncia.
“Las cárceles casi triplican su capacidad. esto confirma la situación precaria en que están los internos, esto los lleva a riñas constantes porque duermen unos encima de otros o bien se turnan para dormir. Eso es estresante”, dijo Pablo Cueva, de la CPDH.
