Una oleada de presión social en el campo puede estallar en los próximos meses contra el Gobierno, si no logra estructurar con urgencia un plan que garantice alimentos a miles de familias que están siendo afectadas por la crisis del café y que ha ocasionado que al menos 75 millones de córdobas se dejen de pagar en salario a los cortadores.
La Asociación de Exportadores de Café (Excan) estima que unas 2.5 millones de latas de café —pagada en promedio a 30 córdobas cada una— no podrán ser recolectadas en esta cosecha como consecuencia del ataque de la roya que reduciría la producción en unos 400,000 quintales.
El presidente de este gremio, José Ángel Buitrago, dice que cifras preliminares de las exportadoras indican que al cierre de la cosecha 2013-2014 solo se lograrán 1.6 millones de quintales.
El Consejo Nacional del Café (Conacafé) proyectaba una cosecha de 1.7 millones, inferior a los 2.06 millones del ciclo pasado.
La situación de los trabajadores es aún más crítica porque la época de corte en esta cosecha se redujo a mes y medio, cuando antes cada jornalero tenía asegurado al menos seis meses de empleo, con el inicio de los cortes en octubre que se extendían hasta marzo en varias zonas del país, según dijeron representantes de cooperativas cafetaleras de San Juan de Río Coco y San Sebastián de Yalí, dos zonas altamente cafetaleras de Madriz y Jinotega, respectivamente.
En ese contexto, y debido a la escasez de dinero en las familias de los cortadores, según el sociólogo Cirilo Otero, estas no podrán hacer frente a la temporada “muerta” (meses posteriores al fin de los cortes en las fincas) y por tanto demandarán alimentos, lo que ocasionará una presión social en las cabeceras departamentales “porque muchos emigrarán en busca de empleo y comida”.
Ante ese inminente escenario, según Otero, el Gobierno deberá tener listo un plan de asistencia para las familias afectadas, para proveerles alimentos y buscar alternativas de empleo. El problema, añade, es que hasta la fecha el Ejecutivo no ha informado si cuenta con ese programa que involucraría incluso a la cooperación internacional para buscar donaciones de comida y llevarla al campo.
Otero dice que una alternativa pudiera ser crear un programa de comida por trabajo, aunque reconoció que esto implicaría una mayor presión en las finanzas públicas porque se deberán destinar recursos para financiar el programa, en un contexto difícil debido a la contracción en las recaudaciones de impuestos.
No obstante, insiste en que si el Gobierno no responde con efectividad a ese problema, los esfuerzos que ha hecho para reducir la pobreza en el campo se esfumarán. Otero dijo que ese es el alto costo social que deberá pagar el Estado, porque los niveles de empobrecimiento se dispararían.
En ese sentido, Buitrago recuerda que los cortadores provienen de familias pobres y que sobreviven con el salario mínimo y a duras penas logran cubrir parte de sus necesidades básicas.
Según la Encuesta de Hogares para Medir la Pobreza en Nicaragua, en 2012 el 61.3 por ciento de las familias en la zona rural viven con dos dólares al día y 12.9 por ciento en pobreza extrema. Esta encuesta es realizada por la Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global, que en su último informe ya había alertado sobre un incremento de la pobreza en la zona rural del país.
300,000
empleos genera en promedio la caficultura entre cortadores y trabajadores de los beneficios húmedos y secos. Cada cortador recolecta a diario alrededor de cinco latas, la que es pagada en 30 córdobas cada una.
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