Moisés Martínez
El hecho de que el presidente Daniel Ortega era igualmente jefe de Estado en 1983, cuando se dio la desaparición del excoronel de la Guardia Nacional, José Ramón Silva Reyes, por el cual es demandado junto con otras cinco personas en un tribunal en San Diego California, debería implicar para las autoridades del país una mayor responsabilidad para esclarecer este caso, desde la percepción del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Gonzalo Carrión, director jurídico del Cenidh, confirmó a este Diario que este organismo en 2005 acompañó la denuncia de los hijos del coronel Silva Reyes. en la que solicitaban su ayuda para esclarecer la muerte de su padre y el paradero de sus restos.
Para esto solicitaron el apoyo de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional. Pero no hubo respuesta a la consulta del organismo de derechos humanos.
“El Estado tiene una responsabilidad mayúscula en este caso. Porque el trasfondo en este caso es la búsqueda de la verdad, una verdad que ha sido buscada por años por una familia, que es saber qué pasó con su padre y finalmente, dónde están los restos, para darle cristiana sepultura. La pregunta aquí es si el Estado tendrá voluntad para apoyar a la familia, que no es la única que enfrenta un drama igual. Si fuese así, suponiendo, se enfrentaría al dilema de que si en un dado caso se encuentran los restos, entonces también tendría que responder, ¿qué pasó?”, expresó Carrión sobre el tema.
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