Leonel Teller Sánchez
El ruido es un problema ambiental que sociedades progresistas han tomado muy en serio por estar científicamente comprobado que es “un factor de riesgo para diferentes patologías”, así lo confirman estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras.
Sistemas judiciales en diferentes partes del mundo han emitido numerosas sentencias en contra de ciudadanos que perturban el sosiego público de manera individual o colectiva; así como también, aquellas industrias que provocan la hipoacusia o sordera, por ser el ruido un “factor de riesgo sanitario”.
La perturbación por el ruido en nuestra legislación responsabiliza a todo aquel ciudadano que “utilizando medios sonoros, electrónicos o acústicos de cualquier naturaleza, tales como altoparlantes, radios, equipos de sonido, alarmas, pitos, maquinarias industriales, plantas o equipos de cualquier naturaleza y propósitos, instrumentos musicales y micrófonos, entre otros, ya sea en la vía pública, en locales, en centros poblacionales, residenciales o viviendas populares o de todo orden, cerca de hospitales, clínicas, escuelas o colegios, oficinas públicas, entre otras; produzcan sonidos a mayores decibeles que los establecidos por la autoridad competente y de las normas y recomendaciones dictadas por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y que causen daño a la salud o perturben la tranquilidad y descanso diurno y nocturno de los ciudadanos, será sancionado con diez a treinta días multa, o trabajo en beneficio de la comunidad de diez a treinta jornadas de dos horas diarias, y además de la suspensión, cancelación o clausura de las actividades que generan el ruido o malestar”.
Adicionalmente, nuestra legislación establece que “las actividades tales como campañas evangelísticas masivas realizadas al aire libre en plazas, parques y calles requerirán la autorización correspondiente”. Incluso, la legislación hace hincapié que “las actividades de las congregaciones religiosas dentro de sus templos, tales como cultos, ayunos congregacionales diurnos y vigilias nocturnas se exceptúan” siempre y cuando los locales “tengan establecidos sistemas de protección acústica que impidan la emisión de sonidos, música o ruidos, hacia fuera de los locales debidamente adecuados para tales fines y que cuenten con la autorización correspondiente y dentro de los horarios permitidos”.
Incluso, la Constitución Política establece que “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás” y que “los nicaragüenses tienen el derecho de habitar en un ambiente saludable; es obligación del Estado la preservación del medioambiente…”.
En Europa el ruido es un tema prioritario para la población y sus gobernantes, y ya cuentan con legislaciones severas y planes de acción como el denominado “Medio Ambiente y Salud de la Niñez”, cuyo objetivo es proteger los menores a la exposición de ruidos nocivos en sus hogares y escuelas, ya que algunos de los efectos son “la perturbación del sueño, el desarrollo cognitivo, la presión sanguínea, enfermedades psicosomáticas”, entre otros.
La pregunta es: ¿estamos los nicaragüenses respetando a nuestros vecinos y comunidades? ¿Están las autoridades competentes tomando cartas en el asunto? El autor fue legislador, Embajador y miembro del concejo municipal de Managua.
