Los juristas nicaragüenses expertos en litigios fronterizos, han calificado de ejemplar la conducta de Chile y Perú por su disposición a acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia, mediante el cual se ha determinado la frontera marítima en el océano Pacífico entre esos dos países suramericanos.
Como es conocido, el lunes de esta semana la Corte Internacional de Justicia, que tiene su sede en La Haya, Holanda, dio a conocer su fallo sobre el conflicto limítrofe entre Chile y Perú. Esta sentencia se ha considerado salomónica, porque reconoce parte de los argumentos y los intereses presentados y defendidos por ambos países.
Pero la verdad es que el fallo ha sido beneficioso para Perú. De manera que la actitud ejemplar es la de Chile, por su voluntad de cumplir la sentencia de La Haya aunque le resultara perjudicial. Chile ha sido el perjudicado por el fallo de la Corte Internacional de Justicia, simplemente porque de los 38 mil kilómetros cuadrados de territorio marítimo chileno que reclamaba Perú, los jueces de La Haya le concedieron 22 mil. Sin embargo el Gobierno de Perú había declarado antes de la sentencia que la acataría aunque no le fuera favorable, y no se debe dudar de que así lo hubiera hecho.
Como sea, la actitud de Chile ante este fallo adverso contrasta notablemente con la asumida por Colombia, que no ha acatado la sentencia de La Haya de noviembre de 2012 sobre su disputa con Nicaragua por la frontera marítima en el Caribe, porque le fue claramente desfavorable. Esta actitud de Colombia es inconsecuente con el derecho internacional, porque si las partes en litigio reconocen previamente la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ya sea en general o para el caso específico de que se trate, es inadmisible que una de ellas declare inaplicable una sentencia por considerarla injusta y perjudicial para sus intereses.
Las resoluciones de la Corte de La Haya se deben cumplir porque así lo manda la Carta de la ONU en su artículo 94, que literalmente dice: “Cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte”. Además, la Corte Internacional es independiente, está integrada por jueces de gran capacidad jurídica y judicial, por personas que debido a su reconocida honorabilidad están a salvo de cualquier sospecha de parcialidad y prevaricación.
Pero no solo el derecho y la justicia internacional expresados en las sentencias del tribunal de La Haya, tienen que ser respetados por los gobiernos. En el interior de cada país hay que respetar también el derecho de todas las personas, así como garantizar la independencia de la justicia y la integridad de las instituciones democráticas que garantizan la convivencia social pacífica.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega se somete de manera evidente a la justicia internacional impartida por la Corte de La Haya, pero dentro del país socava las instituciones, ha eliminado la independencia de los poderes del Estado, puso la justicia al servicio de sus intereses particulares y vació la república de su contenido democrático. Y no puede merecer aprecio quien acata la justicia internacional pero no respeta el derecho ni la justicia para los ciudadanos de su propio país.
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