Lucía Navas
El sector urbanizador enfrenta serios problemas para continuar los nuevos proyectos residenciales y la venta de viviendas debido a que la Dirección General de Ingresos (DGI) interpreta a su manera la Ley de Concertación Tributaria (LCT).
Se apunta más a que haya una efectiva aplicación de la Ley Tributaria de parte del personal de Ingresos, para que deje de interpretar las medidas a fin de que los procesos sean rápidos y sin complicaciones.
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El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) explicó que hasta el 31 de diciembre la subcomisión de Vivienda que integran con el Gobierno había alcanzado consenso para que la DGI emitiera una carta anual para exonerar la transmisión de bienes y que estos se pagaran hasta que se hiciera la declaración anual.
“Lo que está sucediendo hoy es que la DGI quiere volver a establecer el proceso de entregar la carta solicitud por solicitud, es decir, si son 700 viviendas las que se pretenden vender al mes tendríamos que ir a la DGI a buscar 700 cartas”, aseguró el presidente de la cúpula empresarial, José Adán Aguerri.
La práctica del personal de Ingresos estanca el proceso y causa que los bancos que financian los préstamos hipotecarios retrasen el pago a los urbanizadores.
El sector productivo también enfrenta problemas para beneficiarse con la nueva ley, porque si bien esta eliminó el requisito de que tener que ir tanto al Ministerio de Agricultura y Forestal (Magfor) y a la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) para obtener las solvencias de importación de insumos, en la práctica no se cumple. Aguerri afirmó que todavía se sigue requiriendo ir al Magfor para luego ir a la DGA con este tipo de solicitudes. “Obviamente no se tiene más que entender que la voluntad política se tiene que dar de parte de los funcionarios para responder a la facilitación”, se quejó.
ENDEREZARÁN LEY, OTRA VEZ
Problemas como estos serán abordados por la comisión del Cosep y del Gobierno que prepara una nueva reforma a la Ley de Concertación Tributaria. La meta es que sea aprobada en mediados de este año.
Bayardo Arce, asesor para asuntos económicos y financieros de la Presidencia, refirió el martes pasado que el objetivo de ajustar dicha ley es “revisar qué es lo que está funcionando bien, qué cosas no son necesarias”.
“Es una revisión práctica que nos permita un régimen tributario estable”, refirió Arce.
La Ley de Concertación Tributaria entró en vigencia el pasado 1 de enero de 2013 y a lo largo de todo el año pasado hubo múltiples quejas sobre la interpretación antojadiza de la ley, por parte de las instituciones encargadas de hacerla cumplir: la DGI y DGA.
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