Martha Vásquez
El problema de inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra en Nicaragua persiste y afecta su uso como garantía para créditos en la banca nacional, según resultados del Informe de Institucionalidad Económica sobre derechos de propiedad y seguridad jurídica, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
Aunque en el informe también se reconoce el gran avance en la emisión de títulos (más de 100,000) que ha realizado el Gobierno en los últimos siete años, a través del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad que realiza la Intendencia de la Propiedad y la agilidad en el proceso de inscripción.
Otra situación que persiste en temas de seguridad jurídica es la falta de independencia de jueces y magistrados a lo interno y frente a los demás poderes del Estado.
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“La emisión de títulos es positivo porque da mayor certeza a los propietarios, el problema es que para evitar el abuso estos títulos tienen un candado y es que no se pueden vender ni hipotecar por cinco años y eso significa que no les sirve a los productores como garantías para acceder a préstamos”, explicó Hauke Maas, uno de los investigadores del Funides.
POCAS PARCELAS TRABAJAN CON CRÉDITO
Según datos del último Censo Nacional Agropecuario (Cenagro 2011) solo un 65% de la superficie agropecuaria posee escritura pública, aunque un porcentaje de estas proviene de títulos de reforma agraria, lo que despierta duda en la banca y en los mismos propietarios para realizar u otorgar préstamos sobre ellos.
Solo en el 18% de las parcelas se trabaja con algún tipo de crédito, según datos del Cenagro. El resto de tenedores de la tierra agrícola solo posee promesa de ventas, cesión de derechos, título de reforma agraria, entre otros.
Abogados consultados (173) por investigadores del Funides comprueban esta situación. Afirmaron que de los casos que tramitan un 54 por ciento de las historias registrales salen limpias y un 46 por ciento con antecedentes problemáticos.
El procedimiento de inscripción de propiedad, que vincula a varias instituciones del Estado, se ha agilizado en los últimos tres años con la puesta en marcha de proyectos como el Plan rezago cero en los registros públicos, el nuevo modelo de despacho judicial en los juzgados y proyecto piloto de inscripción única en catastro fiscal, entre otros. Esto ha reducido el tiempo de espera de 200 a 138 días en promedio.
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