Josué Bravo
Corresponsal / Costa Rica
En cuenta regresiva se mantienen familias de Nicaragua y Costa Rica que habitan en un asentamiento ubicado en San José, la capital costarricense, porque las autoridades los reubicarán para construir una carretera de circunvalación.
El Triángulo de Solidaridad, ubicado en Calleblancos, al norte del centro de la capital, donde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) iniciará a construir la vía en enero del próximo año.
En ese sitio, lleno de ranchos construidos con retazos de madera y zinc, habitan 552 familias entre nicaragüenses y ticas; pero las que serían reubicadas inicialmente o desalojadas antes de enero próximo son 180, de ambas nacionalidades.
Será hasta el segundo semestre de este año que las autoridades, que incluye además al Ministerio de Vivienda y al Instituto de Ayuda Mixta Social (IMAS), decidan si todas las familias deben salir del asentamiento.
La ingeniera del Mopt responsable del proyecto, Andrea Soto, explicó que es preciso reubicar a parte de las familias porque invadieron una franja de terreno que pertenece al Estado y la vía debe ser desarrollada conforme las especificaciones de construcción y medidas de seguridad vial que requiere.
El problema principal es que existen 765 nicaragüenses en condición migratoria irregular, quienes no pueden ser reubicados o beneficiarios de un eventual bono de vivienda para construir casa.
A este beneficio aplican solo los nacionales, extranjeros residentes o nicaragüenses que tengan hijos nacidos en Costa Rica pero que pongan en regla sus documentos migratorios.
El Ministro de Bienestar Social, Fernando Marín, anunció que existe una oficina migratoria para ayudar a resolver los problemas migratorios de foráneos que califican.
Añadió que cuando ocurran desalojos, el IMAS dará fondos para alquileres a los perjudicados, pero por plazos determinados y a quienes tengan documentos en orden.
La líder comunal, Ana Martínez, indicó que hay incertidumbre entre los habitantes del precario. Hay quienes apoyan porque califican con su documentación, pero quienes se oponen son nicaragüenses sin documento o quienes se dedican al alquiler de ranchos por sumas que rondan hasta los 120 dólares mensuales (según el tipo de cambio actual).
En el año 2010 la Sala Constitucional ordenó al gobierno a construir edificios de condominio en el precario pero el proyecto no avanzó. También calificaban solo las familias que estaban con documentación o las que podían regularizarse.
Esta semana habrá una reunión entre los habitantes de Triángulo Solidario y las autoridades, para acordar soluciones al problema.
