Elízabeth Romero
Pastora aseguró al judicial que en una ocasión él incluso le regaló a su exnuera 4,000 dólares para la construcción de la casa. Igual reclamo hizo la defensa de José Gregorio Canales, declarado culpable por crimen organizado, transporte de droga y lavado de dinero, pues la propiedad que le fue ocupada alegan le pertenece a su cónyuge Mercedes del Carmen Centeno y a sus tres hermanos.
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A la pena que deberá imponer el juez Noveno de Distrito de Juicio, Edgard Altamirano, a 26 de los condenados de la llamada Operación Sur, también deberá responder si procede o no, el reclamo de devolución de algunas propiedades.
En su mayoría, los parientes de los condenados señalados de tener algún vínculo con el narcotráfico, alegan que los bienes fueron ocupados pese a que los condenados no son sus dueños.
Manuel de Jesús Marchena es el padre de Víctor Manuel Marchena, declarado culpable como coautor de tráfico de droga y de crimen organizado, y calificó el fallo de “criminal”.
A su criterio, el fin de involucrar a su hijo y a otros dos miembros de la familia Rodríguez y Vega, en un grupo criminal responde a “todo un plan” para despojar a estas familias de 140 manzanas de tierra ubicadas en la frontera sur.
Marchena considera que, con esto, ellos fueron víctima de una expropiación de tierras, con las cuales los benefició la Reforma Agraria en los años ochenta. Y a su criterio el trasfondo de todo esto obedece a que “se oye hablar de un tal Canal Interoceánico” y estas tierras están ubicadas de la frontera de Peñas Blancas hacia el oeste, hay supuestamente un claro interés de parte de un teniente coronel del Ejército de Nicaragua, alegó Marchena.
Además dijo que a sus familiares no les encontraron droga, no había estructura como lo hicieron aparecer en la acusación pero “armaron un muñeco con dos cabezas y cuatro patas”.
En esa operación al menos fueron ocupados 19 inmuebles, 50 vehículos pesados y livianos, entre otros.
En caso de otro de los condenados Pedro Medina Amoretti, Dayana Medina, su hija, alegó que la única propiedad que poseían es una casa en Rivas, la que estaba a nombre de su progenitora Marinelly Segura.
La casa desde 1980 pasó a nombre de Segura, después que esta pagó una hipoteca, alegó la hija de Medina Amoretti.
Dayana aclaró que en ocho años de investigación policial, a su progenitor solo le encontraron una cuenta de cien dólares.
Segundo Vega Ruiz, condenado.
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