WASHINGTON/AFP
El corredor de la muerte de Estados Unidos tiene a 137 extranjeros de 37 nacionalidades, que no fueron informados a tiempo de sus derechos y están a la espera de ser ejecutados, en violación del derecho internacional, como podría ser el caso del mexicano Edgar Tamayo Arias, de 46 años, el miércoles, en Texas.
En las últimas semanas se han multiplicado las llamadas e intervenciones diplomáticas y judiciales para intentar evitar la muerte de Tamayo, condenado por el asesinato de un policía en Houston, en 1994, que no recibió la asistencia consular que le habría evitado la pena capital. El Gobierno de México expresó ayer su firme rechazo a la ejecución de Tamayo, según un comunicado de su cancillería, que informó haber “hecho uso de todos los recursos políticos, legales y administrativos disponibles”.
Tamayo es uno de los 51 mexicanos condenados a muerte en EE. UU., que formaron parte del caso Avena, que el gobierno mexicano llevó en 2004 ante la Corte Internacional de Justicia, con una sentencia a su favor por no haber recibido asistencia consular. El de Tamayo sería el “tercer caso de ejecución de un mexicano que es parte del fallo Avena, así como una clara violación por parte de Estados Unidos a sus obligaciones internacionales previstas en la Convención de Viena”, agregó la cancillería.
Esa convención, ratificada por 175 países —entre ellos EE. UU.— señala que las autoridades penitenciarias deben velar porque el extranjero sea notificado de “los derechos que son suyos” y principalmente de “su derecho a informar a sus representantes consulares”. El Consulado debe ofrecer ayuda y asistencia, visitarlo en prisión y representarlo ante los tribunales.
Sin embargo, solo seis de los 143 reos extranjeros han sido informados de sus derechos consulares. De los 143, la gran mayoría son centroamericanos, y ocho europeos, según el último informe del Centro de Información de la Pena Capital (DPIC, en inglés).
En el sistema federal de EE. UU., en el que los 50 estados tienen su propia autoridad sobre justicia penal, “la intervención del gobierno federal pone a los gobiernos (estatales) a la defensiva”, explica Richar Dieter, director del DPIC.
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