Los homenajes recientes, en ocasión del trigésimo sexto aniversario del sacrificio de Pedro Joaquín Chamorro, héroe y mártir en la historia de Nicaragua, y el inicio, además, de este año 2014 en un complejo contexto político, nos conducen a reflexionar sobre la historia de nuestro país, caracterizada por la reiteración de situaciones que supuestamente deberían estar superadas.
En los discursos, artículos, editoriales y entrevistas, realizados en ocasión de esa significativa conmemoración, se ha señalado, con mucho acierto y propiedad, la vigencia del mensaje del Mártir de las Libertades Públicas en el acontecer político actual. La lucha por la democracia, la república, el Estado de Derecho, la libertad, la justicia, la equidad social, la unidad, temas de los que habló Pedro Joaquín en sus memorables escritos, continúan siendo hoy fundamentales en el debate nicaragüense.
La concentración del poder, el deseo de permanencia indefinida en el mismo, la desaparición de la independencia y separación de los poderes del Estado, las actuaciones de facto al margen de la correspondiente regulación normativa, y el debilitamiento general de las instituciones, todo lo que vendría en alguna forma a tratar de legalizarse con la aprobación de las reformas a la Constitución, son una reiteración de los abusos y errores del pasado, los que hoy se pretenden instalar como reafirmación y legalización de las actuaciones de hecho y como propuesta del futuro político de Nicaragua.
En verdad estamos presenciando el retorno de las consabidas formas de autoritarismo y de las sombras que obscurecen el horizonte de nuestro país. El reto vuelve a ser la lucha por la libertad y la democracia. No obstante, a pesar de que las situaciones se repiten, lo diferente para la circunstancia nicaragüense puede consistir en asumir para el análisis y la acción política ciertos aspectos no considerados hasta hoy, lo que sin duda abriría perspectivas y estrategias nuevas para nuestra práctica concreta, aunque estas hayan sido pensadas y aplicadas, desde hace tiempo, en otras realidades y experiencias.
La novedad, en este caso, puede serlo para nosotros los nicaragüenses que hemos carecido de esa experiencia y que por ello debemos considerar ahora la forma más adecuada de su aplicación y realización, aunque no lo sea para la práctica de otras sociedades ni para la formulación conceptual y teórica de la misma. Es posible que esta situación, repetida en el caso de Nicaragua, se deba a una ausencia de correlación entre la sociedad civil, el sector político y el Gobierno.
Generalmente, se ha buscado corregir el problema del abuso a partir de sus efectos, dirigiendo la acción a las cúpulas que ejercen el poder, sin tomar en cuenta que el vértice político y gubernamental, si bien es totalmente responsable de su comportamiento, proviene de la base y del cuerpo de la pirámide social, lo que hace posible que se produzcan, en ese plano, las situaciones que podrían evitarse con una participación más sistémica y coherente de la sociedad civil y la ciudadanía. No se trata de sustituir al sector político mediante la acción ciudadana, sino de esclarecer y fortalecer los nexos que existen entre la sociedad, los partidos políticos y el Gobierno.
Desde los años noventa del siglo pasado se viene planteando, en diferentes documentos de organismos internacionales, la necesidad de una reforma social que haga posible el establecimiento de un poder socialmente regulado y de una sociedad participativa y actora en la construcción de un sistema justo y democrático.
En 1993, el PNUD en su informe Reforma Social y Pobreza, expresa que “en sus elementos esenciales, la reforma social constituye el conjunto de políticas e instrumentos específicos dirigidos a producir de manera eficiente la incorporación de todos los sectores de la sociedad en el proceso de crecimiento en un contexto de aumento del bienestar. Es más fácil tolerar la prosperidad mal distribuida, que la austeridad que no se comparte por igual”.
La reforma social es entonces un tema que concierne no únicamente a la justicia social y a la ética, a las que ciertamente les es esencial, sino a cualquier plan de desarrollo económico y político pues, de su adecuado tratamiento, depende la viabilidad de los proyectos y la viabilidad política de la democracia, la paz y el desarrollo.
Hay que armonizar el crecimiento de la economía con el progreso de la democracia, la eficiencia con la equidad, y establecer adecuadas relaciones entre la autoridad, la sociedad civil y la calidad de los procesos políticos propios de estos desafíos.
Por su parte, y con motivo de la constitución de Acción Latinoamericana de Ciudadanía (ALC), esta entidad expresó que la ciudadanía debe entenderse no solo como la “capacidad de ejercer plenamente los derechos políticos consagrados en las Cartas Fundamentales o Constituciones, sino que además, y muy especialmente, en grados crecientes de participación consciente e informada, sobre los elementos, consustanciales de una sociedad democrática para la realización de la ciudadanía”.
Se trata de que la sociedad civil asuma plenamente sus derechos y deberes en este cuadro de realización social, a partir de la toma de responsabilidades y de la búsqueda de solución a los problemas comunes. Todo ello implica un replanteamiento de las relaciones de la sociedad y el sistema político e institucional que rige la definición del papel de la ciudadanía en el sector público.
Esto conlleva a considerar la democracia no únicamente como un sistema político o de Gobierno, sino como un sistema de valores y una cultura socialmente compartida por los componentes de la comunidad.
La sociedad civil como sujeto histórico debe estar presente en el proceso de transformación y modernización del Estado, en la formación de nuevos sujetos sociales, en la revalorización de la política y lo político, en la elaboración de las formas de representación y acción políticas y en todo lo concerniente al desarrollo económico y al problema social. apertura
Estos planteamientos fueron presentados a nivel mundial hace ya varios años, sin embargo, en nuestro país aún no se han aplicado regularmente en la práctica. Ya desde mucho antes, en el siglo XVIII, Montesquieu había expresado que “las repúblicas solo pueden subsistir por la acción de la sociedad sobre ellas mismas”. En el mismo sentido, Alexis de Tocqueville, en el siglo XIX, sostenía que la democracia es más “un estado de la sociedad que un tipo de régimen”, a la vez que se oponía a todo intento de subordinar la política a la economía.
Particularmente, por lo que concierne a Pedro Joaquín Chamorro, sus ideas siguen teniendo plena vigencia, no solo por su profundidad, honestidad y clarividencia, sino también porque el contexto al cual fueron dirigidas no ha cambiado de manera significativa y sigue presentando similares características a las existentes al momento en que fueron publicadas.
Pienso que el reto fundamental en la actualidad, consiste en replantear la participación integral de la ciudadanía en el acontecer político y fortalecer los vasos comunicantes y la interacción entre sociedad civil, partidos políticos y poder. Una formulación estructural y sistémica de esta relación, permitiría enfrentar mejor los problemas, plantear las posibles soluciones y propuestas de desarrollo desde la base misma, y contribuir a que en la cúpula del poder estén representados los objetivos y fines de la sociedad en su conjunto. De esta manera, y sin descuidar, por supuesto, el comportamiento del poder político, se estaría prestando atención prioritaria a la causa más que a los efectos.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.
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