Elízabeth Romero
De 29 acusados de la llamada Operación Sur, solo tres de ellos obtuvieron del juez un fallo de no culpabilidad. Los otros 26, que fueron condenados , deberán esperar la próxima semana la decisión judicial en cuanto a cuál será la pena que se les impondrá.
En el debate de pena el representante de la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR) pidieron para estos las penas máximas y que para al menos seis de los condenados suman más de 34 años, por encima de la pena máxima que es de 30.
Los defensores demandaron no solo las penas mínimas alegando que sus clientes no tienen antecedentes penales, sino también concurso ideal, que de ser aceptado este alegato por parte del juez, el promedio puede ser de unos 15 años.
Según la acusación de la Fiscalía, los condenados estaban organizados en siete agrupaciones diferentes que brindaban servicio logístico a narcotraficantes extranjeros en su paso por Nicaragua.
Entre los servicios que la Fiscalía les atribuye a los condenados en el mundo del crimen organizado están: transporte, custodia, almacenamiento, aprovisionamiento de medios, compra, venta y también tumbo de droga.
VARIOS DELITOS
Fue por ello que en su mayoría los acusaron por los delitos de crimen organizado, transporte internacional de droga, o tráfico y almacenamiento interno de estupefacientes y lavado de dinero. De acuerdo con la acusación, estos operaban en Rivas, Granada, Carazo, San Juan del Sur y Managua.
De esta acusación únicamente fueron eximidos de los cargos imputados Ricardo Javier Rodríguez, Erlin Villagra Álvarez y Marcos Duarte Martínez, para quienes el juez ordenó inmediata libertad.
El juicio oral y público duró cerca de 10 días, que el mismo juez Noveno de Distrito de Juicio, Edgard Altamirano, antes de emitir su fallo lo consideró “largo y cansado”.
Varios de los detenidos desfilaron ante el juez para alegar inocencia y clamar misericordia. Uno de ellos fue Geovany Solís Sánchez, quien al dirigirse ante el juez le afirmó: “Estoy pagando por otro nombre”. El defensor de Solís, Ignacio Calero, también esperaba la libertad de su cliente.
Calero alegó que demostró con documentación que las cuentas bancarias de su cliente procedían del trabajo que realizaba a un canadiense quien le pagaba 300 dólares al mes y de la venta de ganado que entregaba a un matadero local. Como muestra de su buena conducta, Calero alegó que durante cinco años su cliente trabajó como guarda de seguridad en una casa en San Juan del Sur, propiedad del magistrado orteguista de facto, Rafael Solís Cerda.
Por su parte, el abogado Manuel Urbina Lara, defensor de tres de los acusados, dijo que los hechos acusados no fueron demostrados y las pruebas se basaron en testimonios vagos. Urbina solo obtuvo la libertad de Ricardo Rodríguez Bustos. Los otros dos, Gerald Rodríguez Bustos y Hernán Herrera, fueron condenados.
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