Tatiana Rothschuh y Elízabeth Romero
La Policía Nacional utilizó ayer fuerzas especiales para ejecutar un operativo en el interior de las celdas preventivas de Juigalpa, Chontales, que les permitió ocupar más de 70 armas cortopunzantes en poder de los detenidos de dos de las celdas del lugar.
En las celdas 6 y 3 los oficiales encontraron en poder de los detenidos, verduguillos, cuchillos, palos y pipas para inhalar droga.
“Aquí habían dos celdas que teníamos tres meses que no podíamos requisarlas porque ellos amenazaban que si nos acercábamos a esas celdas o requisábamos, iba a haber muertos”, dijo el jefe de Chontales comisionado mayor Javier Carrillo.
El operativo fue efectuado tras el amotinamiento que durante dos días realizaron los detenidos. En el operativo participaron oficiales de la delegación policial de Juigalpa e hicieron presencia efectivos del Quinto Comando Militar del Ejército, una unidad de Bomberos y una de la Cruz Roja Nicaragüense.
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DEMUESTRA PÉRDIDADE CONTROL, DICE CARRIÓN
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, refirió que la cantidad de armas ocupadas “evidencia de que (los oficiales) habían perdido el control, y todo el funcionamiento básico del sistema carcelario, evidencia el nivel de la gravedad de la situación”. Según el defensor de derechos humanos, esto pone en riesgo a los presos y a oficiales de control de detenidos.
A criterio de Carrión, esta situación podría estar ocurriendo no solo en Juigalpa, sino en otras celdas preventivas del país debido “al desproporcionado y grave hacinamiento” que existe en muchas delegaciones policiales.
El martes, la procuradora especial de cárceles, Elena López, confirmó que las penitenciarías del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), están igualmente hacinadas.
Refirió que el dinero ocupado a los falsos periodistas mexicanos vinculados al narcotráfico que ya fueron regresados a su país, únicamente servirá para la construcción de dos galerones en la Cárcel Modelo de Tipitapa, con capacidad para 100 reos de alta peligrosidad, la de Bluefields y la Cárcel de Mujeres.
En el caso de La Modelo y la Cárcel de Mujeres, las obras ya están en marcha, dijo la funcionaria.
BORGE: SITUACIÓN NO ES GENERALIZADA
El vocero de la Policía Nacional, comisionado mayor, Fernando Borge, alegó que esta situación no es generalizada y ocurre más que todo en localidades donde hay mayor concentración de población. A su vez, alegó que en algunos momentos, la sobrepoblación en las celdas obedece a lo que él considera “la efectividad” de la institución y “en otro momento tiene que ver con un proceso que los que están preventivamente deben pasar al Sistema Penitenciario”, o que deberían estar fuera de las celdas preventivas.
El vocero policial refirió que esa institución ha realizado inversiones en las celdas preventivas y han capacitado al personal, pero reconoció que en algunos casos esto no es suficiente.
Sin embargo, Carrión estimó que la saturación de las cárceles se mantiene y si esta problemática la resuelven las autoridades de forma parcial, se volverá un círculo vicioso, pues esta situación amerita una revisión estructural.
En el caso de Juigalpa, las denuncias de reos y familiares publicadas en LA PRENSA en diciembre pasado sobre abusos contra los mismos reclusos liderados por los hermanos Juan Carlos y Wilberto Pineda y Robert Slide, quedaron evidenciados ayer, tras el operativo.
Sin embargo, el jefe policial departamental negó que en siete años de administración policial en el departamento, algún ciudadano haya sido puyado o lesionado en las celdas con ese tipo de material. Y las denuncias existentes las consideró como “casos aislados”.
Bastó que los efectivos de los Grupos de Intervención Rápida (GIR), rodearan la infraestructura de las celdas preventivas, para ver salir a los reos, sin resistirse a las áreas asignadas en el operativo de evacuación y requisamiento de las celdas. Ocho reclusas fueron temporalmente ubicadas en el auditorio. Los Pineda y Slide, fueron los únicos tres detenidos que fueron llevados forzosamente a oficinas de seguridad provisional para ser trasladados luego al Sistema Penitenciario de Cuisalá.
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