Managua/ACAN-EFE
Una jueza admitió hoy una demanda laboral de 68 personas presentada por extrabajadores de una empresa cuyo dueño también es acusado de estafar a un grupo de monjas.
La jueza del Segundo Distrito de Trabajo y de Seguridad Social, Souhail Espinoza, aceptó la demanda interpuesta por los ex empleados de Almori BPO Service S.A., contra su propietario Álvaro Montealegre Rivas.
El acusado ya enfrenta varios juicios por los delitos de estafa agravada, ofrecimiento fraudulento de exceso de crédito y crimen organizado, a raíz de una denuncia hecha por las monjas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús en agosto pasado.
En ese momento las monjas reclamaron que Montealegre Rivas, Roberto Bendaña y Hugo Paguaga utilizaron la firma Investments and Financial Services, Inc., para estafarlas con 526.433 dólares, que ellas habían colocado en certificados a plazo fijo.
Desde entonces la Fiscalía ha recibido denuncias de más de 30 afectados por una cantidad superior a los seis millones de dólares.
A nombre de los ex trabajadores de Almori, el Ministerio Público presentó una demanda cuyo monto asciende a 357,252 dólares, que corresponden a salarios atrasados, vacaciones y aguinaldo no pagados, pagos de pre y post natal, así como las multas respectivas.
Montealegre Rivas ha sostenido que la falta de pago a los trabajadores no se debió a problemas de liquidez, sino a que la firma Invercasa canceló el contrato de alquiler de las oficinas que Almori utilizaba como sede.
Tanto Montealegre Rivas, como Bendaña y Paguaga, han interpuesto querellas unos contra otros, como producto de los señalamientos de sus ex clientes de la empresa que fundaron en Panamá.
Bendaña actualmente se encuentra prófugo de la justicia nicaragüense y es buscado por la Policía Internacional (Interpol).
Montealegre Rivas y Paguaga tienen orden de casa por cárcel.
