BBC Mundo
Un consorcio empresarial que amenaza con parar los trabajos el 20 de enero. Un gobierno que advierte que endurecerá sus acciones para obligar a que se cumpla el contrato. Y mientras tanto crece el riesgo de que se suspenda una de las obras marítimas más importantes en lo que va del siglo.
Es el Canal de Panamá, que desde 2007 está en proceso de ampliación pero que ahora se encuentra en una profunda crisis que, en los últimos días, escaló a nivel diplomático, lo que desembocó ayer en una nueva esperanza de acuerdo.
La ministra de Fomento de España, Ana Pastor, viajó al país centroamericano para mediar en el conflicto que inició a fines del año pasado, cuando el Grupo Unidos por el Canal (GUCP), el responsable de la obra, anunció que suspendería operaciones si no se le pagaban más de 1,600 millones de dólares por costos adicionales en la construcción de esclusas.
De nuevo en Panamá, ayer Pastor se reunió con el presidente Ricardo Martinelli en busca de una solución al conflicto.
La polémica es intensa. El administrador del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, ha dicho que este sobreprecio no se ha justificado, y Martinelli se dice dispuesto a ir “hasta la Cochinchina” al defender los intereses de Panamá. “Esta obra se tiene que concluir porque es uno de los proyectos marítimos más importantes”, subraya.
A media mañana se reunió con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y por la tarde con los responsables de la Autoridad del Canal de Panamá, con el fin de acercar las posiciones y un punto de encuentro que permita llegar a acuerdos.
Según anunció Pastor de forma preliminar, el consorcio a cargo de la ampliación se comprometió a procesar sus reclamos según lo establecido en el contrato y abrir un diálogo con la administración de la vía en busca de una solución al conflicto que amenaza con paralizar la obra.
“El compromiso del consorcio es que todas las reclamaciones va ir por la vía dentro del contrato (…) por lo tanto ya ahí hay un primer acuerdo. También que se van a sentar para hablar y a dialogar para intentar resolver todos los problemas”, dijo Pastor a los periodistas tras la reunión con el Martinelli. (EFE)
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A su vez, el GUCP aclara que nunca han buscado abandonar el contrato pero asegura que existe el riesgo de entrar en una situación “de estrés” en las finanzas del proyecto, dice Pedro Alonso, vocero de la compañía Sacyr, que con la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa forma parte del consorcio empresarial. “Nosotros queremos seguir con la obra y lo que intentamos es establecer, dentro del marco contractual soluciones junto con el cliente para dotar de la liquidez suficiente al proyecto en estos momentos”, explica.
“IMPREVISTOS”
Los trabajos para ampliar el Canal de Panamá comenzaron en septiembre de 2007 y consisten en construir nuevas esclusas en la zona del Pacífico y el Atlántico.
Eso permitiría el paso de barcos de mayor envergadura de los que actualmente admite el Canal, lo cual aumentaría el volumen de carga que pasa por Panamá equivalente al cinco por ciento del comercio marítimo mundial.
La recaudación fiscal por el permiso de navegación también se duplicaría, reconoce el presidente Martinelli, quien suele referirse al Canal como “nuestro petróleo”.
Varias empresas participan en la ampliación, pero quien obtuvo el contrato más importante, valuado en más de 3,118 millones de dólares, es GUPC que inició operaciones hace más de cuatro años. El valor total del proyecto se estima en unos 5,250 millones de dólares.
Sin embargo, el Grupo asegura que en el proceso de construcción se encontraron problemas geológicos no detectados previamente. “Después de todos estos años de obras han surgido costes imprevistos, algunos de los cuales pueden achacarse a que el proyecto no estaba completado en todos sus términos”, explica Pedro Alonso.
“Es normal porque un proyecto no puede prever todas las circunstancias que tienen efectos, sobre todo en el terreno durante tanto tiempo”, sostiene.
El consorcio empresarial cree que los imprevistos son responsabilidad del ACP y por eso “hace muchos meses” solicitaron el pago de los nuevos costos.
“Nuestras reclamaciones creemos que están justificadas, que tienen todo el fundamento”, insiste Alonso. “Queremos que el cliente agilice la toma de decisiones respecto de las reclamaciones, para que pueda mejorar la situación económica del proyecto”.
Pero el administrador del Canal de Panamá rechaza el argumento. “No podemos aceptar esos costos adicionales”, subrayó recientemente Jorge Quijano. “No es que no vamos a pagar nada, es que vamos a pagar lo que se tiene que pagar”, afirma.
DIPLOMACIA
¿Se puede suspender la ampliación del Canal de Panamá? El ACP asegura que en el contrato existen cláusulas para garantizar la continuidad de las obras.
Uno de los primeros pasos es contactar a la empresa con que se contrataron las pólizas de seguro e iniciar el proceso para cobrar las garantías, recuerda el administrador Quijano.
Mientras, GUCP insiste en que está dispuesto a encontrar una salida a través del contrato firmado, pero el administrador rechaza sus condiciones.
En la carta para informar de la próxima suspensión de las obras el consorcio empresarial aseguró que se basó en la subcláusula 16.1 del contrato, pero según el representante del Canal esta se refiere a un eventual incumplimiento de pagos, lo cual no ha ocurrido.
“De hecho, ACP paga a GUCP dentro de los primeros 15 días después que se presenta la factura, mucho antes que el plazo contractualmente señalado que es de 56 días”, señala el administrador en un comunicado.
Hasta ahora se han pagado 2,831 millones de dólares a GUPC, incluidos unos 160 millones por sobrecostes.
Al final todo parece indicar que la solución quedará en manos de la diplomacia, es decir, en los acuerdos que se logren en las reuniones de la ministra Pastor y el presidente Martinelli.
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