Justicia (CIJ), el análisis debe buscar los errores en la dirección política del país, máxime si esta dirección es absolutista, ya que, en consecuencia, la responsabilidad es suya, absolutamente.
El 22 de noviembre pasado, la CIJ ordenó a Nicaragua detener el dragado en los humedales de Harbour Head, y la obligó a reparar, en un plazo de dos semanas, el daño ambiental provocado por la abusiva apertura de dos caños que conectan el río San Juan con Harbour Head, así como la retirada de todo personal civil o militar de la zona en conflicto (evidentemente, tutelada por orden de la Corte, hasta que esta dicte el fallo final sobre la disputa de límites).
En efecto, ante los alegatos de Costa Rica, que Nicaragua había violado las medidas cautelares dictadas en marzo de 2011 por la Corte, el equipo jurídico nicaragüense, que debía responder a tales alegatos, pasó por la pena de confesar que un individuo, nombrado de dedo por la presidencia del país para dragar el río San Juan, penetró en la zona en disputa sin autorización oficial, y abrió dos caños en Harbour Head, supuestamente, por iniciativa individual.
Esta acción irresponsable no sería posible, a menos que tal individuo vagabundee a sus anchas por el río San Juan, sin ningún plan de dragado (sin objetivo alguno a conseguir con el dragado, sin un cronograma de tareas en el que se determine secuencialmente la ejecución de obras, sin un análisis financiero y técnico de factibilidad, sin un estudio de impacto ambiental). Hasta el punto de comprometer, tontamente, la situación del país en el curso de un juicio internacional de límites.
Que tal funcionario haya podido violar las medidas cautelares dictadas por la Corte, por propia iniciativa, revela que el país no está administrado correctamente. No como un país civilizado.
Consecuentemente, dentro de la lógica del desorden institucional, ni este individuo irresponsable renuncia ni el dirigente del ejecutivo, que le ha nombrado en el puesto, demuestra cuáles son las sanciones correspondientes, y cuáles las medidas adoptadas para que las fallas evidentes de su gobierno no puedan volver a ocurrir.
Este hecho es parte de la serie continua de errores inevitables del sistema orteguista, que nos acercan velozmente a su etapa final. Pero, por desgracia, que arrastra al país en su declive.
El nuevo fallo de la CIJ, del 13 de diciembre del 2013, esta vez, respecto a la demanda de Nicaragua, de medidas cautelares contra Costa Rica por la apertura de una trocha de 160 kilómetros, paralela al río, que habría producido daños ambientales en el ecosistema del río San Juan, la Corte señaló que el equipo jurídico de Nicaragua durante sus alegatos no había suministrado prueba alguna sobre tales daños. En consecuencia, rechazó la demanda de medidas cautelares contra Costa Rica.
¿Cómo es posible que los juristas de Ortega lleguen a la CIJ a demandar medidas cautelares sin la capacidad ni la disposición de probar científicamente la relación causa-efecto, sin determinar el daño ambiental o la urgencia de tales medidas cautelares? La única explicación es que el país se administra improvisadamente; y que se procede en todos los campos incluso en un arbitraje jurídico— sin estudios de ninguna especie.
En lugar de una confrontación táctica de las distintas ideologías sobre la respuesta política y social a los problemas del país, tenemos un horizonte chato, creado irresponsablemente por un poder de estructura vertical, destinado al saqueo.
Es falso que Nicaragua haya obtenido de hecho lo que no obtuvo de derecho. En sentido contrario, la CIJ, para proteger al río de cualquier daño ambiental, lo que ha hecho es reafirmar, con su sentencia negativa a la demanda de Nicaragua, una mayor confianza en el manejo profesional de Costa Rica respecto al tema ambiental (que los juristas orteguistas, por ingenuidad técnica, no pudieron rebatir).
Aunque la degradación no se perciba con claridad al interno del país, por la venalidad unánime de los funcionarios estatales, sin embargo, se comprueba repetidamente ante una corte internacional imparcial.
Es urgente para la nación volver a un cauce normal, donde prevalezca la rendición de cuentas (en lugar de la impunidad y la corrupción). En el cual, descuelle la meritocracia profesional (en lugar del arribismo servil, que rinde culto a la personalidad de un caudillo incapaz). Que predomine la planificación técnica (en lugar de la demagogia). En fin, donde impere la institucionalidad eficaz (en lugar de la confusión ideológica y el sometimiento acrítico a un proyecto corrupto). El autor es ingeniero eléctrico
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