Emiliano Chamorro y ACAN- EFE
Las elecciones que se han realizado en 2013 en Centroamérica y las que tendrán lugar el próximo año, sumado a la reforma constitucional para la reelección indefinida en Nicaragua, presentan para la región un panorama cargado de polémicas y dificultades para la continuidad del oficialismo.
Así lo perfiló el director regional del Instituto por la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), Daniel Zovatto, quien refirió que los comicios del próximo año en Costa Rica, El Salvador y Panamá abren posibilidades para la continuidad de los partidos en el poder, pero sin tener asegurada una victoria.
Por otra parte, Honduras y Nicaragua atraviesan situaciones conflictivas por las recientes elecciones en el primero y por la reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, en el segundo, dijo Zovatto.
“La primera causa de la violación a los derechos humanos políticos y civiles es la destrucción de la institucionalidad ( ), de modo que las instituciones del Estado están completamente a favor de la dictadura y eso es gravísimo para los derechos humanos de los nicaragüenses. Aquí las instituciones hacen nada más lo que Daniel Ortega quiere que hagan”, afirmó la defensora de los derechos humanos.
Núñez sostiene que la ruina institucional deja a la ciudadanía indefensa ante el Gobierno. “Lo que significa que el Gobierno se convierte en autoritario, centralista y antidemocrático”, dijo.
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Sobre la reforma constitucional en Nicaragua, Zovatto afirmó que se trata de “una mala noticia para la salud democrática de la región” y apuntó que se sumaría a Venezuela como los únicos países latinoamericanos con reelección indefinida.
“La manera en que Daniel Ortega (el presidente de Nicaragua) actúa, forzando la reforma y buscando su presencia en el poder, se parece mucho a Anastasio Somoza”, el dictador cuya dinastía gobernó Nicaragua por más de cuatro décadas, opinó el analista.
La mayoría oficialista aprobó este mes, en primera instancia, la reelección presidencial en el paquete de reformas a la Constitución impulsada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que además incluye la posibilidad de que militares sean ubicados en instituciones civiles.
La reforma constitucional debe ser ratificada por la nueva legislatura, cuya directiva será elegida el próximo 9 de enero.
“En Honduras, la situación de denuncias de fraude y el alto nivel de polarización volvió a complicar (el panorama). El nuevo presidente tendrá un desafío muy importante porque además se acabó el bipartidismo, por lo cual el Congreso va a estar fragmentado”, explicó Zovatto.
Las elecciones en Honduras del pasado 24 de noviembre fueron ganadas por Juan Orlando Hernández, del gobernante Partido Nacional, pero los resultados han sido cuestionados por el Partido Libertad y Refundación (Libre), de la candidata Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009.
Castro, que aceptó la derrota “a medias”, fue la segunda más votada y su partido se erigió como la primera fuerza de oposición al acaparar 37 de los 128 diputados que integran el Congreso hondureño.
“Hernández va a necesitar acuerdos para la gobernabilidad y sacar adelante una agenda nacional que permita hacer frente a los graves desafíos de Honduras, que es hoy por hoy uno de los países más complicados de la región con un 70 por ciento de pobreza, altos niveles de informalidad y percepción de corrupción”, dijo Zovatto.
En Costa Rica y El Salvador, que celebrarán elecciones el próximo 2 de febrero, y en Panamá, que lo hará en mayo, Zovatto prevé menos polémica, pero aseguró serán escenarios electorales “abiertos”, en los que el oficialismo “no tiene nada asegurado”.
Puso como ejemplo a Costa Rica, donde según las encuestas, “muy probablemente habrá una segunda ronda”.
Para el analista un tema a tener en cuenta el próximo año será el lento crecimiento económico de Latinoamérica, que se proyecta en alrededor de tres por ciento, según varios organismos. “Esto, unido a expectativas y demandas ciudadanas, en la calle vamos a ver quizá un contexto de mayor conflictividad social y problemas de gobernabilidad”, dijo Zovatto.
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