Como señalamos en un comentario editorial anterior, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) advirtió en su último informe de este año, que es necesario fortalecer la institucionalidad económica para garantizar que haya más crecimiento, y que este sea sostenible y más provechoso para la mayoría de los nicaragüenses.
Seguramente que la observación de Funides se basa en que, en el 2013, varios casos importantes de Inversión Extranjera Directa (IED) tuvieron graves dificultades, como por ejemplo Kielsa, en el rubro de medicamentos, Lala en el de lácteos y Tumarín en el energético; dificultades que se debieron a la falta de libre competencia y la voracidad de la camarilla gubernamental.
Se sabe que la falta de competencia es causa de mala calidad de los productos, altos precios y deficiente servicio al cliente. Solo la competencia sana protege los derechos de los consumidores. Y la inversión extranjera directa, además de incentivar mejores precios y calidad, crea empleos formales y combate eficazmente el principal problema del país, que es la pobreza, media y extrema. En realidad, como demuestra la historia de todos los países, ricos y pobres, solo un Estado facilitador del libre mercado asegura mejor calidad y precios e incrementa los niveles de empleo. Sin verdadera competencia no hay incentivos para ser mejores empresarios y si tampoco existe un Estado democrático y transparente, ni hay instituciones fuertes, esto se vuelve más difícil de lograr.
En el caso de Tumarín, el gobierno empresario se ha excedido en cuanto a las exigencias de participación presentadas a los inversionistas brasileños. Tumarín es el más ambicioso proyecto de energía renovable del país y su inminente fracaso causado por la voracidad gubernamental, significará mayores costos en energía eléctrica para las empresas y el consumo doméstico, y mayor daño ecológico. Pero es obvio que el perjuicio al medio ambiente, la falta de competencia y la lucha contra la pobreza, no son lo más importante para la camarilla que toma las decisiones del Estado empresario que existe en Nicaragua y que utiliza el poder político para aumentar su poder económico.
El régimen orteguista se ha insertado de manera dominante en los sectores económicamente más rentables y medulares de nuestro país, como son los de hidrocarburos, energía eléctrica, comunicación audiovisual, salud y medicamentos, banca y microcrédito, para mencionar solo los principales. Por otra parte, la mejor prueba de que no hay en el país un auténtico sistema de libre comercio, es la falta de licitaciones en muchos proyectos, inclusive los multimillonarios, como es el caso del Gran Canal cuyo costo equivale a 4 o 5 veces el PIB del país. La Ley del Gran Canal fulmina la independencia del Banco Central, crea incertidumbre en la propiedad privada de la tierra y autoriza la depredación del lago Cocibolca, que un día Daniel Ortega juró que no comprometería “ni por todo el oro del mundo”.
Como dijimos en el editorial del 18 de octubre pasado: “A pesar del entendimiento del sector empresarial con el inconstitucional presidente Daniel Ortega, el país sufre un notorio déficit de institucionalidad económica que se puede advertir ante todo en la falta de licitación de proyectos nacionales, desde los más pequeños hasta los más grandes”.
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