Leonor Álvarez, Lucía Navas y Tania Siria
Como “malvadas”, “inconsultas” y “no transparentes” fueron calificadas las reformas al reglamento general de la Ley de Seguridad Social, por diputados opositores y críticos del Gobierno, quienes también se quejaron de la falta de información al respecto.
Por su parte, el sector empresarial del país no avaló de forma escrita esta reforma administrativa al INSS, pero tampoco se opone a las medidas que entrarán en vigencia a partir de enero.
Rosendo Mayorga, vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), aseguró que el representante del gremio ante el consejo directivo del INSS, Alfonso Silva, no firmó la reforma.
¿Cuál es la razón por la que no firmó la reforma el representante del Cosep ante el consejo directivo del INSS? “Porque no estaba totalmente consensuada, hay otros puntos de negociación pendientes”, dijo Mayorga vía telefónica.
“El aumento de tres puntos porcentuales a la cuota patronal que será de forma gradual entre 2014 y 2017 no debe causar un problema de flujo financiero de las empresas, porque al final es deducible a la declaración del Impuesto sobre la Renta (IR)”, sostuvo Mayorga.
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“Me parece tan desafortunado que en algo que nos conviene a todos, no se tomó en cuenta la opinión de las pequeñas y medianas empresas, que serán las más afectadas con estas reformas a la seguridad social en el país. Es lamentable que los mismos diputados no conozcamos más sobre esta ley, porque los opositores tampoco fuimos tomados en cuenta”, dijo Lacayo.
Las reformas al reglamento general del INSS, negociadas entre el Gobierno y el sector privado, fueron enviadas al diario oficial La Gaceta, para su publicación y entrarán en vigencia el próximo 1 de enero de 2014, según anunció el diputado sandinista y secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), Gustavo Porras, en declaraciones a medios oficialistas.
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Actualmente, la cuota patronal es del 16 por ciento y con el incremento pactado subirá al 19 por ciento en 2017.
El problema que identifica Mayorga es para las finanzas del Gobierno, ya que sufrirán una merma de sus ingresos, precisamente porque la cuota de cotización que entrega la empresa al INSS es deducible del IR.
Se estima que 670 millones de córdobas se inyectarán al Seguro Social por el incremento de la cuota patronal, el 25 por ciento será entregado por el aporte del Estado y los trabajadores.
Mayorga tampoco ve mayor complicación con el incremento del techo de salario máximo cotizable que se aplicará, porque igual el dinero que sacará del bolsillo el empresario lo deducirá del IR.
El techo máximo de salario que pagará el Seguro Social igual subirá gradualmente en dos momentos. A partir de enero próximo se moverá de 37,510 córdobas mensuales a 54,964 córdobas por mes y en 2015 pasará a 72,410 córdobas.
Mayorga explicó que al final el Gobierno decide no mover la pensión máxima que paga el INSS al jubilado y la deja en 1,500 dólares “porque eso sí volvería a descalabrar al Sistema”.
“Lo que se busca es salvar y darle sostenibilidad al Seguro Social para responder a las pensiones inmediatas, y si se eleva la pensión máxima le representaría una mayor obligación de pago, entonces sigue la presión”, refirió el empresario.
INSISTEN EN SALARIO TRIENAL
El Cosep busca que el Gobierno acepte que se fijen los aumentos al salario mínimo cada tres años, tal como ocurre en el sector de zona franca, y una revisión del uso del aporte al Instituto Nacional Tecnológico (Inatec).
Por otra parte, Enrique Sáenz, diputado ante la Asamblea Nacional, consideró “malvadas” estas reformas, porque asegura que “una medida que afecta a tanta gente en el presente y va a afectar a tanta gente en el futuro se debió debatir en la Asamblea Nacional y con el conocimiento de los más de 700,000 afectados”.
Sáenz criticó que estos cambios fueron anunciados en una temporada festiva, cuando las personas están de vacaciones, ocupadas en reunirse con sus familiares o realizando otras actividades de la época.
También criticó la falta de información oficial sobre el tema y el hecho de que hayan sido anunciadas por el diputado Gustavo Porras, quien no pertenece al Ejecutivo.
El diputado Sáenz cree que el Gobierno oculta algo, porque no se ofreció información detallada más allá de lo que dijo Porras. Además opinó que el “castigo” de estas reformas está plasmado en la manera de calcular las pensiones; sin embargo, “como aún no hay información completa, no se sabe cuánto va a significar el deterioro (de las pensiones) hasta que la gente llegue al tiempo de jubilarse”.
El diputado opositor insistió en que esta medida se debió debatir en el parlamento, con conocimiento de todos lo afectados y ofreciéndole oportunidad a la opinión pública para que haya tenido tiempo de informarse.
ALIVIO, PERO NO SOLUCIÓN
Por su parte, Edmundo Jarquín, ex candidato a la vicepresidencia y especialista en temas económicos, dijo que estas reformas son un alivio, pero no una solución, porque asegura que la única medida sostenible en cualquier sistema de seguridad social, es que sean más los cotizantes que los jubilados; sin embargo, lamentó que en Nicaragua el empleo formal ha estado creciendo muy lentamente.
Jarquín explicó que la falta de crecimiento del empleo formal se debe a la carencia de incentivos para que sean muchos los empresarios que inviertan de manera constante e innoven tecnológicamente. Además, el salario real continúa sin crecer en Nicaragua.
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