El presidente de México, Enrique Peña Nieto. LA PRENSA/EFE

Reforma histórica, pero cuestionada

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó una reforma energética que por primera vez en 75 años permitirá a empresas privadas nacionales y extranjeras explorar y producir crudo en México, algo hasta ahora bajo monopolio estatal.

AP

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó una reforma energética que por primera vez en 75 años permitirá a empresas privadas nacionales y extranjeras explorar y producir crudo en México, algo hasta ahora bajo monopolio estatal.

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67% de sus ganancias destina la estatal Pemex a las arcas públicas. La reforma energética elimina del consejo de administración a los cinco representantes del sindicato de la petrolera, cuyo dirigente, , fue acusado años atrás de haber desviado fondos.

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La energética es la principal de una serie de reformas que el mandatario propuso al Congreso y fueron aprobadas a lo largo de su primer año de gobierno en México, la segunda economía de Latinoamérica, pero que en las últimas décadas ha batallado para mantener un crecimiento económico sostenido.

En una ceremonia en el Palacio Nacional de la ciudad de México, a la que asistieron legisladores y gobernadores, Peña Nieto la calificó de “reforma histórica fundamental” con la que confía que hará que el sector energético acelere el crecimiento del país, que este año se espera sea de apenas por arriba del uno por ciento.

La reforma permitirá al Gobierno dar contratos y licencias a empresas nacionales y extranjeras para que participen en la exploración y producción de crudo y gas, algo que hasta ahora era monopolio de la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

El izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), la tercera fuerza política en el país, se opuso duramente a la reforma, argumentando que “privatizará” el sector y representará “un atraco al pueblo”.

Las modificaciones cierran la página a la nacionalización de la industria en 1938 y que desde entonces hizo que el petróleo fuera visto como un símbolo de la soberanía y el nacionalismo de los mexicanos.

La izquierda, que ha prometido promover una consulta popular nacional hacia 2015 para echar abajo la reforma.

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