TEGUCIGALPA/AFP
El expresidente hondureño Manuel Zelaya reclamó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el triunfo de su esposa, Xiomara Castro, en las recientes elecciones, después de que el organismo electoral diera como ganador al oficialista Juan Orlando Hernández.
«Ayer (sábado) hemos presentado el recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia», anunció la apoderada legal del partido Libertad y Refundación Libre (Izquierda), Rixi Moncada, en una asamblea nacional de esa institución política.
Libre, que llevaba a Castro como candidata presidencial en las elecciones del 24 de noviembre, celebró este domingo una asamblea nacional con participación de unas 400 personas en un auditorio del Colprosumah, este de la capital, encabezada por Castro y Zelaya.
Zelaya, como coordinador del partido, agotó los dos recursos administrativos que le quedaban ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que declaró ganador al candidato oficialista Partido Nacional (PN, derecha), que ha comenzado a preparar su toma de posición el 27 de enero, para lo cual ha invitado a cerca de 150 dignatarios de diferentes países. En sus presentaciones ante el TSE y la Corte de Justicia, Zelaya argumentó que «los indicios que tenemos es que en 3.604 actas (del total de 16.135) se realizó (…) un fraude».
La asamblea de Libre también aprobó una moción presentada por Castro para que los 37 diputados que salieron electos en el próximo Congreso Nacional promuevan «la derogación de leyes» con las que «pretenden instaurar una nueva tiranía» y otras que «disminuyen derechos de los maestros y (…) los trabajadores».
El nuevo Congreso, de 128 diputados, estará integrado por 48 representantes del PN, 37 de Libre, 27 del Partido Liberal (PL, derecha), 13 del Partico Anticorrupción y uno de cada uno de los tres partidos pequeños.
Castro denunció en la asamblea que después de las elecciones el Congreso Nacional, presidido por Hernández, emprendió «una desjuiciada aprobación de leyes (para) venir moldeando una dictadura que nos tratan de imponer».
El Congreso aprobó la semana anterior la «Ley para la optimización de la administración pública» y modificó otras leyes para facultar al presidente para «la creación, modificación o suspensión de secretarías de estado» con el fin de reducir el aparato burocrático.
Según la argumentación del proyecto, en el gobierno hay 92 instituciones, en las que laboran 206.000 personas, muchas de las cuales no tienen razón de existir y otras tienen duplicidad de funciones.
También el Congreso aprobó una ley que disminuye las cotizaciones que alrededor de 60.000 maestros hacen a seis sindicatos en que están agrupados, lo que debe limitar el poder de movilización de protesta en las calles a esos gremios.
