Elízabeth Romero
La situación de los derechos humanos en Nicaragua es de un acentuado deterioro en los últimos años, dice la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), en un reciente informe remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esa ocasión, recuerdan, hubo abuso de autoridad “y además de vejámenes en los allanamientos hacia las personas como amenazas, burlas y robos que dejaron un mal sabor de la actuación policial”.
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Una valoración similar hace la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), en su informe anual de 2013, que publica con motivo del 65 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 27 de su fundación, que se celebra el 10 de diciembre.
A la CPDH le preocupa que las instituciones públicas de Nicaragua se conviertan en una función de perfil militar ya que están manejadas por exmilitares y expolicías; y a la ANPDH las reformas a la Constitución que a su criterio las necesita el presidente inconstitucional Daniel Ortega “para mantenerse en el poder, y así mantener oficialmente los poderes del Estado sin independencia”.
Esta situación, dice la ANPDH, violenta los derechos sociales, económicos, de libertad empresarial y de expresión, de los nicaragüenses.
Ambas organizaciones mencionan que persiste la impunidad. La CPDH y ANPDH critican el abuso de autoridad o funciones, e incumplimiento del deber por parte del Ministerio Público y de la Policía.
La ANPDH destaca las agresiones a los jóvenes de #OcupaINSS que apoyaron la demanda de los adultos mayores por su pensión reducida, las acciones intimidatorias de grupos motorizados que trataron de impedir una protesta ciudadana contra la empresa MPeso, las acciones de encapuchados en el mercado de Mayoreo y las denuncias de persecución, intimidación y espionaje en contra de periodistas como Ismael López y un equipo de LA PRENSA.
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