Vladimir Vásquez
El presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Energía, David Castillo, tampoco está de acuerdo en ampliar el plazo para la legalización de las personas que sustraen ilegalmente energía eléctrica.
Castillo dijo que esas acciones conllevan un gasto de 35 millones de dólares para el Estado nicaragüense, que se deben pagar a la empresa distribuidora TSK-Melfosur Internacional, como compensación por las pérdidas.
“Hoy por hoy no puede ser posible que se le dé una amnistía cuando una familia que consuma 100 kilovatios va a pagar una factura de 150 córdobas y en esas casas te encontrás antenas de televisión inalámbrica que valen 400 córdobas”, ejemplificó Castillo.
Además dijo que no se puede alargar estos procesos de ordenamiento “porque hay otros rubros que el país necesita atender como la educación, medicina, carreteras”.
Por ello a partir del 17 de diciembre la distribuidora de energía empezará a aplicar la ley y sancionar a quienes no fueron a solicitar su legalización.
El director del Centro Jurídico Social de Ayuda a los Consumidores, Juan Carlos López, dijo que ya solicitaron formalmente a la distribuidora una ampliación del plazo, pero que por el momento están a la espera de una respuesta para ver si se podrá obtener más tiempo.
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