Tania Sirias y Gloria Picón
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El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), y líderes comunales de las Regiones Autónomas del Atlántico del país, demandaron al Gobierno, a la Procuraduría General de la República, al Ejército, la Policía, así como a otras instancias del Estado, que cumplan con la Ley 445, Ley de Pueblos indígenas.
En concreto demandaban el saneamiento de sus territorios, ya que “lamentablemente no tienen seguridad jurídica”, dijo la directora de Cejudhcan, Lottie Cunningham.
La jurista afirmó que de los 23 territorios indígenas existentes se han demarcado 21, pero la mayoría está invadida por colonos, quienes han depredado los recursos naturales del bosque a través del avance de la frontera agrícola y la ganadería.
Anicia Matamoros, vicealcaldesa de Bilwi, agregó que el saneamiento es la última etapa de la legalización de los territorios indígenas, pero las autoridades no hacen nada por cumplir con la ley, al no desalojar a los invasores.
MAYOR INSEGURIDAD
La vicealcaldesa de Bilwi señaló que cada vez más gente ingresa a las tierras de los indígenas y afrodescendientes, y lo hacen por medio de la fuerza y las armas.
“Si las personas reclaman por sus territorios hasta les dan muerte. Esto puede crear que el pueblo se levante en armas y eso se va a convertir en un conflicto más grande”, dijo Matamoros.
Por su parte Carlos Alemán, presidente del Consejo Regional del Atlántico Norte, manifestó que se ha avanzado en la demarcación y titulación, pero coincidió en que donde enfrentan desafíos es en la seguridad. Sin embargo, indica que aunque se ha disminuido persiste “la percepción de inseguridad”.
Cunningham señaló que al Gobierno le ha faltado articular esfuerzos “y echar a andar una estrategia interinstitucional, ya que todas las instancias hacen oídos sordos a la demanda de los pueblos indígenas”.
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