Desde las fraudulentas elecciones del año 2011 cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE) maniobró al servicio del orteguismo para terminar de eliminar la confianza del nicaragüense en el voto se ha cuestionado la participación de la oposición en los espacios políticos que logró rescatar, como por ejemplo los 26 escaños que ganó la Alianza PLI en la Asamblea Nacional.
Mucho se ha dicho que esa participación solo “legitimaba” al régimen que se había asignado 63 escaños mediante una campaña electoral en la que abundaron los abusos contra los partidos verdaderamente opositores, las irregularidades en el proceso de cedulación y que para colmo el día de la votación llevó a cabo un proceso “opaco”, en las diplomáticas palabras de la observación electoral de la Unión Europea, pero que todos los nicaragüenses han entendido como lo que es: que en esas elecciones al fin y al cabo nunca se supo cuántos votos obtuvo cada partido.
Sin embargo, desde que se vieron los resultados del fraude y la manipulación del CSE, quienes apoyaron que la oposición ocupara sus espacios, por mínimos que fueran, sabían que la labor de los opositores sería más bien de información y de denuncia, ya que la simple aritmética no permitirían otra cosa a esa bancada.
Ejemplos claros de esa labor los hemos visto en estas semanas cuando es gracias a la presencia opositora que se conocen los alcances totalitarios de la contrarreforma constitucional que impulsa el orteguismo; es por la presencia de la oposición que se logró colar entre una “consulta” unilateral a la Iglesia católica y las denominaciones evangélicas que, por su peso moral, pudieron dejar en claro e hicieron retumbar su oposición a los puntos de la contrarreforma que rechaza la mayoría de los nicaragüenses amantes de la paz y la libertad.
Y por esa presencia opositora nos pudimos dar cuenta que apenas ayer el orteguismo daba otro duro golpe al desarrollo económico y social de los sectores más pobres al reformar la Ley de Transferencias Presupuestarias que ahora dará más dinero a los municipios más grandes, como Managua, y castigará a los más pequeños y pobres.
La reforma a la Ley de Transferencias Presupuestarias tiene una maquiavélica doble intención. Primero, castigar a los municipios más pequeños que fueron en muchos casos los que quedaron en manos de alcaldes de la Alianza PLI, pero sobre todo dar recursos a los municipios de mayor población, controlados por el orteguismo, para utilizarlos con objetivos proselitistas.
Es por las denuncias de la oposición, publicadas por los pocos medios de comunicación que aún sobreviven que la población puede saber en detalle las intenciones fascistas y las políticas de dádivas que este gobierno mantiene hacia los pobres.
Pero con la denuncia y la información poco se logra si no existe en el país una ciudadanía dispuesta a actuar para defender sus derechos civiles y políticos.
No se puede esperar que 24 personas —ya que dos diputados electos en la lista de la Alianza PLI se han retirado de la bancada— detengan desde sus curules el embate totalitario del orteguismo.
Mientras los pobladores que se sienten inconformes con el actuar del Gobierno no estén decididos a actuar como verdaderos ciudadanos nada va a cambiar. Y esa actuación debe comenzar por la exigencia activa de cambiar el Consejo Supremo Electoral pues ese es el primer paso para evitar la instauración de un sistema fascista.
Desgraciadamente el punto de ebullición para transformar a la población en ciudadanía no se ha alcanzado y la mayoría de la población sigue señalando a la “oposición” por su ineficiencia, sin darse cuenta que su mismo descontento los convierte a ellos mismos en oposición.
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