En casi todos los países, el acceso a los recursos petroleros y su explotación son temas esencialmente económicos. No en México, donde el asunto pertenece a una teología secular. Para muchos mexicanos, abrir o no abrir el sector energético a la inversión privada es mucho más que una decisión práctica: es un dilema existencial, como si permitirla significara perder el alma de la nación.
En las próximas semanas, el Congreso mexicano se convertirá en una especie de concilio, donde se discutirá la Reforma Energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto. Se trata de modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución para permitir los contratos de utilidad compartida entre el gobierno mexicano y empresas privadas para la exploración y extracción de petróleo y gas a lo largo del territorio así como en las aguas profundas del Golfo de México. La reforma propone también abrir a la competencia toda la industria: refinación, almacenamiento, transporte, distribución, petroquímica básica.
La propuesta tiene un significado histórico que es imposible desdeñar. En 1938 el gobierno nacionalizó el petróleo y en 1960 otorgó el control total de la industria a Pemex, un monopolio del Estado.
La reforma requiere, para su aprobación, de las dos terceras partes del voto que se alcanzarían con la representación del PRI (el partido que gobernó al país entre 1929 y 2000, y que volvió al poder en 2012), el PAN (partido de centro derecha, que propone una liberalización aún mayor) y algunos partidos pequeños. Los legisladores del PRD (partido de izquierda moderada) votarán seguramente en contra.
La principal oposición no provendrá de las cámaras en el Congreso sino de las calles, que serán escenario de protestas masivas y airadas. Esta corriente opositora tiene un líder carismático: Andrés Manuel López Obrador.
Los opositores sostienen que Pemex puede realizar por sí sola y con éxito la exploración de aguas profundas y los depósitos de gas y petróleo de “lutitas” (shale), si el Gobierno le permitiera invertir más. No obstante, la inversión en exploración se ha sextuplicado en los últimos diez años (de 4 a 25 mmd), sin mayores resultados. Actualmente, México debe importar cantidades considerables de gas y gasolina.
¿Cómo explicar entonces el fiero rechazo a celebrar contratos de utilidad compartida con empresas privadas? ¿Por qué, a diferencia de Noruega o Brasil, México no puede desarrollar su compañía petrolera pública convirtiéndola en una empresa que se beneficie exitosamente de la asociación o la competencia con compañías privadas?
La primera explicación está en el controvertido historial de las privatizaciones en México. Cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) transfirió a la iniciativa privada los bancos y empresas de televisión y teléfonos en poder del Estado, la opinión general es que favoreció a sus amigos con magníficos resultados para ellos, pero no para el consumidor. Dicho lo cual, la actual reforma energética no es un acto de privatización. La propiedad —contrario a la retórica de la oposición— no se transferirá a las empresas involucradas.
La segunda razón es la sensibilidad nacionalista. La Constitución de 1917 fue el documento fundacional de un México nuevo. Dio a la nación la propiedad originaria del suelo y el subsuelo. Por décadas, las compañías petroleras extranjeras se negaron a acatar la legislación, hasta que en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas las expropió.
Desde entonces, en libros de texto, ceremonias y monumentos se ha conmemorado la acción de Cárdenas como una restauración de la dignidad nacional. Y lo fue, en muchos sentidos. Con esos antecedentes, se entiende por qué para muchos mexicanos —incluido Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general y respetado líder de la izquierda moderada— la reforma energética parece representar un pecado contra la historia.
Pero hay un tercer motivo —poco discutido por la oposición— que es el más poderoso y convincente: el temor a que el incremento en renta petrolera simplemente eleve el nivel de la corrupción hasta los extremos alcanzados durante el último boom petrolero que arrancó en los años setenta y desembocó en una experiencia traumática para el pueblo mexicano. Mal administrando la abundancia y los altos precios del mercado, el gobierno del PRI multiplicó la burocracia, se embarcó en proyectos despilfarradores, contrajo una gigantesca deuda externa y finalmente condujo al país a la quiebra y a la desastrosa devaluación del peso en 1982.
Dado el pasado desempeño de los gobiernos, es legítimo permanecer escéptico. La oposición podría hacer un gran bien si se enfocara en proponer esquemas prácticos para prevenir la repetición del fiasco económico: mantener una estrecha vigilancia sobre los contratos, certificar la productividad y transparencia de las nuevas inversiones públicas, crear un fondo para desarrollo futuro (como en Noruega), monitorear los posibles daños ecológicos, restructurar y modernizar Pemex y, lo más importante, asegurar que las utilidades no se canalicen a la expansión de la burocracia sino que lleguen al pueblo mexicano.
Frente a la negativa, hasta ahora completa, de la oposición a la reforma energética, el único camino abierto al Gobierno no está en los debates teológicos sobre el alma mexicana, sino en convencer al público de que esta vez será distinto, de que ahora la nueva riqueza generada llegará a manos de los supuestos dueños: los mexicanos, en particular las decenas de millones de mexicanos que más lo necesitan. El autor es periodista y escritor mexicano, director de la revista Letras Libres. Una versión de este artículo fue publicado el 31 de octubre en la edición global de The New York Times.
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