Pedro J. Chamorro B.
¿Quién más se lo podría decir más claro al presidente Ortega y a doña Rosario, que los obispos católicos, que los pastores de la Alianza Evangélica Nicaragüense, los partidos políticos de oposición PLI y PLC, que el mismo Cosep y Amcham? ¿El santo padre Francisco Primero?
Prácticamente todo el universo de ciudadanos nicaragüenses que no trabajan para el Estado han dicho no a las mal llamadas “reformas constitucionales”, que más bien son “deformas”, porque pretenden desmontar los candados democráticos que tiene nuestra Constitución para deformarla a imagen y semejanza de la pareja gobernante y su oligarquía política, con un único y explicito fin: perpetuarse en el poder, como dicen muy bien los obispos católicos en el párrafo lapidario de su Mensaje a la Nación:
“Consideramos que la actual propuesta de reformas a la Constitución, vista en su conjunto, está orientada a favorecer el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto a largo plazo, ejercido por una persona o un partido de forma dinástica o por medio de una oligarquía política y económica”.
Se hace una reforma, o enmienda constitucional, para mejorar la Carta Magna, viendo hacia el futuro de la nación: para tomar algo que está hecho por nuestros abuelos y mejorarlo, pero jamás podría llamarse “reforma” lo que nos lleva a un retroceso al pasado, a una regresión en nuestra historia, hacia capítulos negros que ya habíamos dado por superados tras violentos conflictos internos o guerras civiles.
Un común denominador que tienen todos los que han criticado las deformas constitucionales es que no traen ningún beneficio al pueblo nicaragüense y que mejor estaríamos sin ellas.
Los obispos católicos lo ponen así en su punto cuarto de su mensaje: “Poseemos la firme convicción de que lo más urgente en Nicaragua en este momento no es realizar cambios a la Constitución Política, sino purificar y rectificar la mentalidad y la práctica en el ejercicio de la política” y agregan que “la situación que vive el país exige replantear el funcionamiento del sistema político, pues el poder se sigue concibiendo como patrimonio personal y no como delegación de la voluntad popular”.
El mismo presidente Ortega, al asumir el poder en su segundo e inconstitucional mandato consecutivo, el 10 de enero de 2012, anunció que no habrían cambios constitucionales, como ya lo pronosticaba la oposición porque como es de todos conocidos, por medio del fraude electoral del 2011 logró una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.
Esto lo facultaba y por ende su partido, a realizar los cambios constitucionales que quisiera, sin buscar el necesario consenso parlamentario y nacional, para que estos fueran aceptados por toda la ciudadanía como unas reformas necesarias para el bien común de la nación.
¿Qué ha pasado entre la tercera toma de posesión de Ortega, el 10 de enero del 2012 y el momento actual, en que desdice de su propia palabra empeñada en un discurso de inauguración, que entonces fue elogiado, incluso por la oposición?
Seguramente la tentación del continuismo, recurrente a lo largo de nuestra historia, ha podido más que las buenas intenciones, si es que entonces las tuvo.
Lo que sí es seguro es que ahora el régimen Ortega-Murillo está navegando en contra de la corriente, con todo y sus árboles amarillos, una corriente muy fuerte de católicos, evangélicos, empresarios, liberales y sociedad civil, que sin duda conforman la mayoría absoluta de la población nicaragüense y que tarde o temprano esta será predominante en definir el futuro de la nación.
Es curioso y revelador observar que únicamente los sectores asalariados de los poderes del Estado, con la honrosa excepción de la bancada de la Alianza PLI, se han manifestado en coro a favor de las deformas constitucionales.
Otro común denominador que tienen todos los grupos que han criticado las deformas constitucionales propuestas por Ortega es que son tan profundas que no caben dentro de una “reforma parcial” y que para que tengan legitimidad se debe buscar el consenso nacional y no deben ser aprobadas con tanta prisa, como en efecto lo están haciendo actualmente. Otras leyes ordinarias pasan a veces años en consulta en las comisiones legislativas, con mucho más razón debe ser consultada a todos los sectores una reforma tan drástica a nuestra carta magna.
Ortega debe reflexionar si su consulta a “mata caballo” es consenso que necesita la nación, o si solo es una mascarada para cumplir un requisito en el proceso de la formación de ley con miras a su perpetuación en el poder absoluto, ya sea a través de una dinastía, un partido o por medio de una oligarquía política y económica, como señalan los obispos.
Si realmente su pregonada vocación por la paz es legítima, después de tantas guerras en nuestra historia que se han repetido en ciclos, trágicamente por esa misma causa y sobre todo, la última, en que él jugó un rol protagónico, debe escuchar la voz del pueblo, que es la voz de Dios.
Para concluir: está demostrado a lo largo de nuestra historia, que para que las cosas malas se repitan, no tenemos que hacer nada, porque genéticamente estamos programados para que se repitan. Pero para que las cosas buenas se repitan, debemos recorrer caminos tortuosos, que inexorablemente conllevan a la confrontación fratricida. El autor es diputado, miembro de la Bancada Alianza PLI.
