Ejercemos soberanía

Tania Sirias y César Úbeda

El 19 de noviembre de 2012, fue un día histórico para Nicaragua, ya que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), emitió un fallo, donde “se hundieron” las pretensiones de Colombia de querer imponernos una frontera marítima en el meridiano 82.

A pesar de que Colombia insiste en declarar la “inaplicabilidad” del fallo de la Corte, Nicaragua ejerce los derechos que le corresponden en la zona económica exclusiva, mediante labores de pesca en la zona, los permisos a embarcaciones de terceros Estados y el patrullaje naval, afirmó Mauricio Herdocia, experto en Derecho Internacional.

Explicó que la sentencia de la Corte lo que hizo, fue aceptar la petición de Nicaragua, al delimitar la frontera marítima entre ambos Estados, permitiendo la recuperación de un área de más de 90,000 kilómetros cuadrados de plataforma continental y de zona económica exclusiva.

En contraposición, la Corte dejó todos los accidentes insulares en disputa en manos de Colombia, pero los ubicó en una especie de herradura y en el caso de Quitasueño y Serrana, los enclavó en un mar territorial de 12 millas.

Herdocia dijo que el fallo dio pie para que posteriormente, Nicaragua introdujera el 16 de septiembre de este año, la solicitud ante la Comisión de Límites sobre Plataforma Continental, la ampliación de la misma, más allá de las primeras 200 millas náuticas, basándose en el artículo 76, incisos 7 y 8 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar.

UNA POLÍTICA DE ESTADO

El excanciller Eduardo Montealegre, dijo que el fallo de La Haya en el diferendo marítimo con Colombia, “no otorgó más espacios marítimos a Nicaragua”, sino que “reconoció los espacios que por razones históricas y geográficas siempre pertenecieron” a nuestro país.

Montealegre señaló que el reconocimiento de nuestros derechos sobre esos espacios marítimos fue posible, debido a que se desarrolló una política de Estado que trascendió gobiernos.

“Esto es exactamente lo que debemos hacer en el proceso de implementación del fallo”, dijo el excanciller Montealegre.

Esto fue reforzado por el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, quien dijo que el presidente inconstitucional, Daniel Ortega reconoció que el éxito en La Haya, se debió a que se había llevado una visión de nación, por tres gobiernos consecutivos.

COLOMBIA DEBE ACATAR

Herdocia dijo que, aunque Colombia esté pretendiendo la “inaplicabilidad del fallo”, argumentando que se requiere un tratado aprobado por el Congreso de ese país para establecer nuevos límites, es “obligación de los Estados acatar una sentencia de la Corte”, ya que la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 94 señala, que si una de las partes en litigio dejase de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, “el cual podrá hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución” de la sentencia.

Comentó que en un acto fuera de todo sentido, “Colombia se autoatribuyó por decreto, la potestad de legislar en materia internacional, al pretenderse adjudicar por sí y ante sí, una insostenible “zona contigua” que no le ha reconocido la Corte, para “rearmar” otro muro de contención contra Nicaragua y unir con hilos invisibles los diversos accidentes insulares atribuidos a ella.

Montealegre por su parte, expresó que es fundamental mantener la unidad de todos los nicaragüenses, en torno a la defensa de los intereses territoriales y “seguir las acciones internacionales con firmeza, perseverancia y coherencia, como se ha venido haciendo. Lo peor que puede hacer el Gobierno en estas circunstancias es romper el consenso nacional, tratando de partidizar una victoria jurídica que es de todos los nicaragüenses”, dijo el excanciller.

EL COMPONENTE ELECTORAL

Aguirre Sacasa agregó que otro de los factores por los que Colombia no acata el fallo del tribunal de la Haya es que se encuentra en la recta final de una elección presidencial, con el Caribe “perdido” a través de una sentencia. “Esto explica la retórica encendida que se maneja en esa hermana República con relación al fallo y el intento de desestimar un fallo que es de ineludible cumplimiento”.

Asimismo espera “que una vez que se cierre el ciclo electoral en mayo de 2014, las aguas regresarán a sus cauces y que la sensatez impere de nuevo en Bogotá. Dicho de otra manera, abrigo la esperanza de que después de las elecciones se comporte como un miembro sensato del concierto de naciones y que acate el fallo”, sostuvo Aguirre Sacasa.

Herdocia también es de la opinión que una vez pasado “el huracán de las tormentas políticas internas” en Colombia, el tema puede “administrarse” con inteligencia y sabiduría, en un marco de respeto estricto al Derecho Internacional, lo que no impide colaborar en temas como la pesca artesanal de poblaciones raizales, mediante el sistema de permisos soberanamente emitidos por Nicaragua y la adopción de un estrategia coordinada para la protección de la reserva de Seaflower.

“Lo que no se puede, es cambiar una coma de los límites fijados por la Corte que ha devuelto a Nicaragua, su legítimo dueño, los derechos inalienables a sus espacios marítimos en un proceso que duró once años, tiempo más que suficiente para que cada parte expusiera sus alegatos y, tomada la decisión por la Corte, aceptara su cumplimiento fiel y riguroso de conformidad con los compromisos adquiridos internacionalmente”, sostuvo Herdocia.

Montealegre dijo que para tranquilidad de los nicaragüenses “los espacios marítimos que la Corte de La Haya reconoció a Nicaragua, ya son parte del territorio nacional y en nada van a afectar los intereses nacionales que las sentencias sean mencionadas o no en la Constitución”, la cual está siendo reformada por el Gobierno, con los votos de los diputados sandinistas.

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