Elízabeth Romero
La recién remozada casa en Serranías, carretera Sur, donde habitaba el empresario de clubes nocturnos, Henry Fariñas, antes de ser condenado a 30 años de cárcel por crimen organizado, lavado de dinero y narcotráfico, está en poder del Ejército de Nicaragua.
El inspector general del Ejército, general Adolfo Zepeda, alegó que la institución militar asumió la propiedad “bajo custodia” y no es que haya sido asignada de forma personal a algún funcionario.
LA PRENSA publicó el 10 de noviembre que según fuentes extraoficiales, la casa de Fariñas fue asignada “a un general”.
El 26 de octubre LA PRENSA preguntó en su titular principal “¿Quién remoza casa de Fariñas?”. La abogada de Fariñas, Sobeyda Manzanares, denunció en esa ocasión que la residencia de su cliente, ubicada en Serranías, está recién pintada y con techo nuevo en el lado del garaje.
“GENTE PESADA” EN CASA DE FARIÑAS
“Allí solo entra gente pesada de grandes grados militares y comisionados. Nadie puede siquiera asomarse porque está prohibido acercarse”, dijo un vecino del lugar que prefirió el anonimato en esa ocasión.
El caso está en apelación y la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones no ha fallado aún, por tanto, la sentencia no está firme.
“Cualquier asignación, remodelación, inversión que hagan es ilegal porque aún no hay sentencia firme”, dijo en esa ocasión Manzanares.
“No, no, esa casa que queda en Serranía, creo yo, no sé de quien es (…) fue entregada en custodia al Ejército de Nicaragua”, respondió el alto jefe militar ayer.
Mencionó que oficiales la Policía están entre los mayores beneficiados de las reparticiones. Indicó que al revisar denuncias en los organismos de derechos humanos, detectó que oficiales de tránsito, incluso, han sido beneficiados con casas ocupadas a procesados por narcomenudeo.
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Zepeda, quien dijo haber leído lo de la asignación de la casa “a un general”, refirió: “No sé a quien se refieren cuando dicen a un general, ningún general, coronel, teniente coronel… se beneficia”.
REPARAN POR PREVENCIÓN
El jefe militar indicó que en vista de que la institución militar tiene la casa “en depósito y custodia” es que han efectuado “algunos trabajos”, pero esto es para evitar entregar malas cuentas posteriormente.
“Porque si te entregan algo a vos en custodia y mañana la entregas… y está destruido pues vas a responder por esos daños , quizás esas sean las obras que han visto”, fue la explicación que proporcionó el jefe militar.
En similares términos se había referido en LA PRENSA del 12 de noviembre el magistrado de facto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís Cerda, quien justificó el abuso con los bienes incautados al crimen organizado, argumentando que esa asignación del bien es para evitar el deterioro.
“Lo que hay son depósitos, peor sería que se deterioraran los bienes si se dejan abandonados, el hecho que ellos reparen y les den mantenimiento, no quiere decir que es de ellos. Una vez que el bien queda asignado al Estado, es la Comisión (Administradora de Bienes Incautados, que no existe) la que se encargará de asignar este bien”, dijo Solís, en ese momento.
La entrega de los narcobienes a funcionarios del Ejército, Policía y otros por inadecuado control de la Procuraduría General de la República (PGR), ha sido motivo de críticas por diversos sectores.
GENERAL ZEPEDA: NO HAY BENEFICIO PERSONAL
No obstante, el general Zepeda, alegó que los bienes del Estado como los recuperados al narcotráfico y al crimen organizado no se entregan de manera personal a ningún miembro del Ejército.
“Ni soldado, ni oficial, ni clase, ni ningún miembro del Ejército de Nicaragua se beneficia con ningún recurso del Estado de Nicaragua”, alegó Zepeda .
Según el expediente judicial, la propiedad fue valorada en 250,000 dólares, y fue entregada al Estado de Nicaragua a través de la Procuraduría General de la República (PGR), mediante sentencia emitida por la juez Adela Cardoza, quien conoció el caso en primera instancia.
El analista independiente, Roberto Orozco, explicó el martes que la repartición “antojadiza”, a funcionarios del Estado “a título personal y no al Estado mismo, es un factor de riesgo en materia de seguridad”.
“A los narcos no les gusta que les roben y, con estas acciones, pueden considerar que los policías y resto de operadores de justicia le están robando sus propiedades. El riesgo alcanza su clímax cuando el poder judicial devuelve algunos bienes, los cuales son imposibles de decomisar y aun así los policías y la Procuraduría no quieren devolverlos”.
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