EL UNIVERSAL
[/doap_box][doap_box title=»Hay temor» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
Para el abogado y profesor universitario Juan Domingo Alfonzo, habrá que esperar el contenido de los decretos leyes que surjan de una eventual Ley Habilitante en Venezuela, para conocer el alcance de los mismos. Sin embargo, advirtió que una regulación de las ganancias a todas las actividades económicas puede resultar “compleja”. “Los márgenes de rentabilidad pueden ser diferentes por rubro, por negocio”.
El especialista en derecho administrativo también considera que extremar el control sobre las ganancias de las empresas puede chocar contra los derechos económicos establecidos en la Constitución nacional. “Puede implicar más restricciones, esas leyes tienen que respetar la Constitución, no se pueden vaciar de contenido los derechos constitucionales”, alertó el abogado.
En el ámbito empresarial también despierta inquietud el anuncio presidencial del pasado domingo. Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, aseguró que usar una Ley Habilitante para profundizar el esquema de controles. “Nos preocupa que una Ley Habilitante se use para profundizar los errores”.
El dirigente empresarial vaticinó que una radicalización del modelo agravará las distorsiones existentes. “Si la Habilitante se usa para esto puedo augurar más desabastecimiento y peores indicadores en 2014”.
[/doap_box]
En medio de un visible desequilibrio que se manifiesta en aceleración de la inflación, disparada del dólar en el mercado paralelo, escasez de productos básicos y menos crecimiento, la administración de Nicolás Maduro toma medidas que agigantan el control del Estado sobre la economía.
El presidente venezolano anunció que tan pronto la Asamblea Nacional lo autorice a legislar establecerá “límites porcentuales a las ganancias en todos los rubros”; además en breve creará la Corporación Nacional de Comercio Exterior que centralizará las importaciones de todos los sectores, mientras que cinco mil camiones comprados a China y Rusia convertirán al Estado en un importante distribuidor de mercancías.
Al mismo tiempo, se anuncia un reforzamiento del control de cambio con la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior, ente que agrupará a todo el sistema de administración de divisas que en el último año se ha caracterizado por el recorte en la asignación de dólares a las empresas privadas y el aumento del reparto a las compañías del Estado.
Si bien Nicolás Maduro ha justificado sus medidas como respuesta a lo que denomina una “guerra económica” que se caracteriza por la malversación de dólares autorizados por Cadivi e inflación, porque el dólar paralelo ha comenzado a marcar los precios de una amplia gama de productos, no hay que perder de vista que el ala radical del gabinete económico parte de la idea de que “las crisis son revolucionarias” y pueden servir para avanzar en la construcción del socialismo.
El propio Maduro ha señalado que la hoja de ruta es el plan de gobierno que Hugo Chávez diseñó para el período 2013-2019, que resalta la necesidad de “una radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso”.
¿QUÉ BUSCA?
En el proyecto no se menciona al gran capital privado y solo prevé “desarrollar un sistema de estímulos para el fomento de las pequeñas y medianas empresas privadas”, así como el objetivo de que la banca privada otorgue financiamiento bajo “la rectoría del gobierno bolivariano”.
La principal meta a alcanzar es “el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos”.
Ya ha habido avances importantes en el propósito de minimizar el rol del ala privada de la economía. En los últimos seis años el Gobierno a través de expropiaciones y estatizaciones tomó el control del sector eléctrico, del cemento, Sidor, fincas, textileras, Cantv, compañías conexas a la actividad petrolera, se convirtió en un magnate financiero y entre 2006 y 2010 el PIB del sector público registró un salto de 27 por ciento.
Al mismo tiempo, a partir de 2006 incrementó las regulaciones sobre el sector privado reforzando el control de cambio, el control de precios, reglamentando la producción y venta de rubros “estratégicos” y el dominio sobre el crédito, con nuevas carteras obligatorias.
NO HA DADO RESULTADO
Los resultados indican que el proyecto socialista, enfocado al desplazamiento del sector privado, le ha dado alas al esquema donde el país se desindustrializa y prácticamente solo exporta petróleo, mientras se disparan las importaciones y el Estado reparte la renta proveniente de los barriles vendiendo dólares baratos, aumentando la nómina pública y otorgando subsidios.
El objetivo de diversificar la economía no se ha cumplido y 96 de cada 100 dólares provienen de una empresa petrolera que no ha cumplido con su plan de incremento de la producción de barriles.
Todo indica que el divorcio con el sector privado ha derivado en el agravamiento del esquema rentista, porque no impulsa el desarrollo de una fuente alterna de divisas y por tanto, la dependencia en el petróleo crece de manera constante al punto de caer en crisis con el barril a cien dólares.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 C
