Martha Vásquez
La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Procuraduría General de la República la aplicación del procedimiento para la implementación y aplicación del Decreto 21-2013, referente a la inmovilización de fondos o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento.
El decreto y su procedimiento de aplicación fue aprobado de acuerdo a las resoluciones 1267 (1999) y 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
De acuerdo al procedimiento, una vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores reciba la lista de personas investigadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, remitirá al delegado de la CSJ en el Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado, para que este a su vez ordene a la Dirección Nacional de Registros que verifique la existencia de bienes y activos de las personas.
El registro congelará las cuentas registrales de forma preventiva e informará inmediatamente a la Unidad de Análisis Financiero para que esta a su vez informe a las autoridades correspondientes.
Este procedimiento debe hacerse en 24 horas.
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