Elízabeth Romero
Con cuatro casos de mujeres que han sufrido violencia por parte de sus parejas, la enlace de la Red de Mujeres Contra la Violencia, Reina Rodríguez, radiografió cómo estas ahora son víctimas de impunidad, tráfico de influencia y falta de acceso a la justicia al negarles la aplicación de la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer.
Entre estos casos denunciados está el caso de Elízabeth Rivera, víctima de femicidio frustrado, quien denunció al jefe de la Policía de Mulukukú, que sigue sin capturar al asesino de su padre.
Martha Irene Castro también denunció tráfico de influencias en el Distrito Cinco, pues su cónyuge está condenado a 4 años de cárcel por violencia en su contra y sigue sin ser trasladado a la Modelo.
Otro caso es el de Militza Matute, quien sigue a la espera de que el Estado de Nicaragua pida a Venezuela una investigación sobre la violación que sufrió; igual la enfermera Magdalena García, quien denunció acoso de parte de su superior, sin que hasta ahora la Comisaría tramite su causa.
Todas las denunciantes temen morir asesinadas después de recibir amenazas de muere tras denunciar sus casos. En lo que va del año esa organización registra 69 mujeres asesinadas, según el observatorio de la Red.
En esta impunidad incide, según Rodríguez, el hecho que los victimarios gocen de algún tipo de poder económico y político.
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