Elízabeth Romero
El denunciante criticó que el lunes, pese a ser inicio de semana, fue casi generalizado que los usuarios no tuvieran acceso a recargas.
Un sector más afectado, indicó Martínez, es del usuario que procede de los departamentos, que se encuentran en la capital sin tener acceso de movilización.
El procurador de facto, Omar Cabezas, que al inicio de la implementación del sistema electrónico llegó hasta a defenderlo, ayer dijo que investigarán lo que sucede con MPeso, sobre todo que ya han pasado más de dos meses y la situación no se normaliza.
En las agencias continúan las largas filas de los usuarios.
[/doap_box][doap_box title=»» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
[/doap_box]
Falta de agencias para recarga, errores en la lectura de los validadores, maltrato al usuario, así como saldos no registrados en las tarjetas electrónicas de la empresa MPeso se destacan entre los amplios problemas expuestos por representantes comunales afines al oficialismo sobre la crisis que sufren los usuarios del transporte colectivo en Managua.
Una conferencia del procurador de facto de Derechos Humanos, Omar Cabezas, para demandar a Unión Fenosa, hoy TSK-Melfosur Internacional, el cumplimiento con el cambio de medidores en Batahola Sur, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tuvo un giro inesperado cuando los representantes comunales plantearon la necesidad de revisar a fondo lo que está sucediendo con MPeso.
Ramiro Mejía, del Movimiento Nacional por la Defensa de la Economía Familiar Comunal, Consejo de Participación Ciudadana, de Batahola Sur, calificó de “estafa” la actuación de MPeso con los usuarios del transporte.
CIERRAN FILA
“Aprovechamos la ocasión para decirte que estamos cerrando filas alrededor de otro tema que es de mucha importancia como es la estafa (de la) que está siendo objeto la población que utiliza el transporte urbano colectivo, en tanto que cuando pone la recarga no es cierto que le ponen lo que recargó, sino que les están poniendo menos”, sostuvo Mejía.
Cabezas, quien hace semanas descalificó las críticas al sistema de pago, tuvo que reconocer que “esa es una violación de derechos humanos” de la población más pobre.
De igual modo, el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, calificó el caso como una “violación masiva de derechos humanos”.
Criticó que el Estado ha privilegiado con su ente regulador a la empresa MPeso y ha dejado a la población en indefensión.
“Esto no le deja más opción a los usuarios que reivindicar el derecho de la rebelión”, dijo Carrión, quien lamentó que es triste y doloroso ver que la gente, aun con sus 2.50 córdobas en la mano, no puede abordar un bus por la imposición de las autoridades de usar tarjetas.
Carrión dijo que MPeso, pese a recibir todo el apoyo institucional, no ha podido mejorar el servicio del transporte en la capital.
Ver en la versión impresa las páginas: 2 A
