Washington/EFE
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mostró ayer “preocupada” por denuncias de que catorce países de las Américas poseen aviones no tripulados o “drones”. “Si en 2002, que fue el año del primer asesinato con un drone de EE. UU., había de 2 a 4 países con drones, hoy hay 80 en todo el mundo, y varios de ellos en América Latina”, expresó Santiago Canton, del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, tras una audiencia en la CIDH.
EE. UU. interpreta que tiene potestad para vigilar sin apenas límites “en un radio de unos 1,600 kilómetros” de sus fronteras, lo que, si se tienen en cuenta los límites con Canadá, México y los dos océanos, conforma el territorio donde residen “dos tercios de sus habitantes”. “Esto hace de la vigilancia masiva una posibilidad muy real”, alertó.
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Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, EE. UU., México, Perú, Panamá, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Trinidad y Tobago y Belice han desarrollado o comprado tecnología necesaria para operar drones, indicaron Canton y otras organizaciones, que citaron fuentes públicas.
“La tecnología es cada vez más económica, por lo que su desarrollo y adquisición es cada vez más fácil para más países”, apuntó Canton. “Hasta donde se sabe (se dedican únicamente a) una tarea de vigilancia, aunque posiblemente se hayan usado en México y Colombia en la lucha contra el narcotráfico; pero hay tal falta de transparencia que no se puede asegurar”, explicó.
Tampoco existe un marco legal internacional que regule los límites del uso de drones en el extranjero, lo que deja en la impunidad “el programa de EE. UU., que ha matado y herido a civiles”, recordó Stephen Sonnenberg, de la Universidad de Stanford.
Brasil es “el país con mayor número de drones” y el mayor productor en América Latina, y los usa “para monitorear defensas extranjeras o grandes eventos”, como en la Copa de Confederaciones en junio, aseveró Canton. Colombia y Ecuador han comprado drones y “están desarrollando su propia tecnología”. Argentina los usa “para reconocimiento aéreo” y Bolivia “acaba de adquirir drones”, agregó.
Aseguró además que esta nueva tecnología “está empoderando en cierta manera algunos sectores militares y, con la historia que tiene América Latina, es necesario que haya un absoluto control civil sobre esto”. Esto plantea problemas como la posible violación del “derecho a la privacidad” y el “efecto amedrentador que puede tener sobre la sociedad, dado su uso en circunstancias de todo tipo como manifestaciones públicas”, lo que hace necesario un marco regulador desde una perspectiva de derechos humanos, indicó Canton.
Tracy Robinson, una de los siete miembros de la CIDH, se mostró “preocupada por el impacto que los drones han tenido en la vida humana y el sufrimiento que han provocado”, y señaló que “hay una necesidad de investigación y reparación apropiada” de las víctimas.
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