Ramón H. Potosme y Gloria Picón
Los juristas Oscar Castillo y Alejandro Caldera coinciden en que la reforma constitucional que envíe el gobierno a la Asamblea Nacional podría buscar volver a la Constitución de 1987, cuando la figura del presidente tenía poderes amplísimos.
Serrano Caldera intuye que el Ejecutivo buscará terminar con las reformas de 1995, cuando se estableció un sistema de limitaciones al poder ejecutivo y se distribuyó el poder de forma más equilibrada entre los diferentes poderes del Estado.
En cuanto a la posibilidad de que la reforma a la Constitución sea para que se legalice la reelección indefinida de Ortega, Morales Carazo manifestó que la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció en esa materia. “No sé si queda definitivo, pero tengo la impresión de que no es para una sola vez, tomando en cuenta que se adujo que se violentaban derechos humanos, como el caso de Oscar Arias en Costa Rica”.
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Castillo opina que el inconstitucional presidente Daniel Ortega nunca estuvo a gusto con las reformas de 1995, cuando se quitaron atribuciones que eran casi absolutas para el presidente. El ejecutivo, según Castillo, querrá tener potestades legislativas como materia tributaria o legislar cuando la Asamblea esté en receso.
REFORMAS CON CARÁCTER DE CONTRARREFORMAS
Además, Castillo cree que Ortega pretenderá tener potestad de actuar cuando los poderes estén en conflicto, que es lo que pretendió cuando elaboró el decreto 03-2010 que buscaba dar legalidad a la continuidad de facto de decenas de funcionarios públicos con cargos vencidos.
“Serán reformas parciales con carácter de contrarreforma que buscan devolver ese poder casi omnímodo al presidente de la República”, indicó Castillo.
Para Serrano Caldera, Ortega buscará eliminar el artículo 147 de la Constitución que pone un doble candado a la reelección al prohibir la reelección inmediata y luego definitiva si ya ha sido reelecto.
¿CONSTITUYENTE?
Además, Serrano Caldera no descarta dentro de las hipótesis —puesto que ni el gobierno ni los diputados oficialistas han revelado contenidos— que el Ejecutivo impulse una reforma hacia un sistema parlamentario corporativo. De ser así, implicaría una reforma total a la Constitución y ello conlleva a una Asamblea Constituyente.
Por su lado, el exvicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, consideró que en caso de que se pretenda una reforma completa tendría que ser a través de una constituyente y los diputados constituyentes tendrían la capacidad de decidir quién sigue de presidente sin pasar incluso por elecciones. “Pero no creo que sea el caso”, dijo.
Los juristas coincidieron en que el tema del Canal Interoceánico no iría en la eventual reforma a la Carta Magna, según expresaron anteriormente el presidente del Legislativo, René Núñez, y el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro.
Tanto Serrano como Castillo no creen que la oposición en el parlamento encabezada por el Partido Liberal Independiente (PLI) esté negociando en este momento y consideran creíble que el gobierno ni siquiera les haya consultado.
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