Elízabeth Romero
Con una serie de hechos ocurridos en el país y en los que se vio involucrada la Policía, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el uso excesivo de la fuerza para sofocar protestas sociales. También denunció casos de impunidad de miembros de la Policía. La denuncia fue realizada en la audiencia con motivo del 149 periodo de sesiones de la CIDH. El representante del Estado de Nicaragua calificó la denuncia como una “falacia”.
Luis Alvarado, representante del Estado de Nicaragua, pretendió acusar al Cenidh de “politizar” los casos y atribuyó a la oposición protestas pacíficas como la organizada por #OcupaINSS.
“No podemos aceptar argumentos falaces que traen a esta reunión”, reaccionó Alvarado.
También denunció casos de represión como el de Ciudad Darío, tras elecciones en noviembre de 2012, donde fallecieron José Emiliano Obando y Juan Miguel Roque. Agresiones en Nueva Guinea y contra mineros.
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El funcionario insistió: “Es una falacia venir a decir que hay uso excesivo de la fuerza. ¿En qué país del mundo una Policía va a controlar a grupos que llegan a subvertir el orden sobre todo en protesta, como fue la de los ancianos?”.
El argumento de Alvarado fue que los adultos mayores pasaron meses protestando contra el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), hasta que “grupos opositores faltos de banderas políticas quisieron apropiarse de la demanda de los ancianos para montarse en eso y subvertir el orden… la Policía estaba en obligación de atender eso”.
Carlos Villanueva, uno de los siete jóvenes afectados con el robo de sus vehículos el pasado 22 de junio en la protesta de #OcupaINSS, recordó que ellos mantuvieron un campamento pacífico, cuando “las turbas del orteguismo, encapuchados, infiltrados nos desalojaron”.
No obstante, dijo Villanueva, al reconocer Alvarado la actuación de la Policía ese día —aunque los tilde de “subversivos” para opacar la protesta social—, el Estado reconoce lo que hicieron, lo que contrasta con declaraciones iniciales de la Policía que no pasó nada esa madrugada.
Momentos antes Alvarado había reconocido que la Policía documentó el año pasado 2,412 expedientes de denuncias por presunta violación a derechos humanos de los cuales 600 resultaron positivos. Por estos casos, en total investigaron a 3,532 oficiales y de estos, a 742 oficiales les encontraron responsabilidades. Solo a 84 policías les dieron de baja.
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, señaló: “No hay una investigación imparcial, es una sección de la de misma Policía. Asuntos Internos se constituye en juez y parte”.
Por otra parte, Núñez dijo vía telefónica que no les sorprendió la actitud de Alvarado, al intentar descalificar a los organismos de derechos humanos. Y no hubo una respuesta a los casos presentados. Marcia Aguiluz, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que acompañó al Cenidh, explicó a los comisionados de la audiencia que el hecho de que el Ejecutivo, “abusando de sus poderes”, prorrogó el mandato de la jefa de la Policía, violentó la institucionalidad y compromete la independencia de la Policía Nacional de Nicaragua.
La presidenta de la audiencia, Rosa María Ortiz, solicitó autorización para visitar Nicaragua e investigar sobre el tema. Pero una vez más la respuesta fue que trasladarán la petición a las autoridades correspondientes.
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